Las zonas rurales del país sufren del despoblamiento de las comunidades indígenas y campesinas; la desmotivación de la juventud rural hacia la agricultura; el crecimiento de narcocultivos y de la delincuencia organizada; el envejecimiento y la feminización del campo; hambre y pobreza, y múltiples muertos en la absurda y criminal guerra contra la delincuencia organizada, señaló la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR).

Esta red –integrada por 16 organizaciones civiles, alrededor de 30 promotoras, asesoras e investigadoras de 12 estados de la República Mexicana– hizo un balance sobre la crítica situación que vive el campo mexicano y las mujeres del medio rural y sostuvo que la falta de soberanía alimentaria son generados por el modelo económico neoliberal y sus esquemas, como el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN).

En el 25 aniversario de esta agrupación y el Día Nacional de la Mujer Rural, la RedPAR indicó que el campo y el país no podrán superar sus graves problemas si las mujeres rurales continúan viviendo situaciones de desigualdad social y pobreza económica, de discriminación étnica, de subordinación y violencia de género. Agregó que la paradoja de nuestro país es que el hambre coexiste con sobrepeso y obesidad, lo cual significa que no sólo importa el cuánto sino el qué se come.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), representantes de esta organización indicaron que la pobreza se ha feminizado, por lo que demandaron al Estado Mexicano reconocer, mediante programas de fomento productivo y de promoción de consumo responsable y sano, el papel de las mujeres del campo como productoras de alimentos; valoración y subsidios a la producción del traspatio; la creación de mecanismos efectivos para hacer valer el derecho de las mujeres al acceso, la propiedad y usufructo de la tierra.

Proponen entre otras acciones, una política nacional que apoye que mujeres de comunidades rurales vendan en las cooperativas escolares alimentos sanos y producidos localmente; que se reoriente la política para enfrentar el cambio climático; que las mujeres del campo tengan acceso a la información sobre programas y políticas públicas de producción alimentaria y acerca de los presupuestos destinados a los mismos y se simplifiquen los requisitos para acceder a éstos.

Además, se pronunciaron por la cancelación de proyectos que atentan contra la vida y las culturas campesinas como la minería a cielo abierto, los parques eólicos, los monocultivos, los transgénicos, la biopiratería.