Montevideo, 17 de octubre. El Senado uruguayo dio el miércoles sanción definitiva a una ley que legaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, lo que convierte al país en el segundo de Latinoamérica en permitir el aborto, después de Cuba.

En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal sólo en la ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.

La iniciativa, que despenaliza la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación y cumpliendo ciertas condiciones previas, fue aprobada con 17 votos de 31, con el respaldo de los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y del senador Jorge Saravia, ex integrante del FA y que actualmente milita en el opositor Partido Nacional.

Es un día histórico para el Uruguay, dijo la senadora oficialista Constanza Moreira, indicando que ahora hay que hacer una campaña para que las mujeres conozcan este derecho.

El proyecto ya había sido aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados, por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que ahora sólo resta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo.

El Parlamento puso así fin a décadas de debates sobre un tema que ha dividido a la sociedad uruguaya, tras el fracaso de cerca de una decena de proyectos de legalización del aborto desde 1978.

El más reciente fue en 2008, cuando el Parlamento habilitó la interrupción del embarazo pero la norma fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez –el primero de izquierda en el país– alegando principios éticos.

En cambio, su sucesor José Mujica ya anunció que no vetará esta iniciativa.

El proyecto aprobado el miércoles –que implicó una negociación con el Partido Independiente (PI) para lograr los votos en la Cámara de Diputados– prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que quiera hacerlo se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.

Como excepción, se autorizará el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, a lo que se suma con la ley cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, en ese caso dentro de las 14 semanas de gestación.

Si la mujer no cumple con los trámites y se realiza un aborto podrá ser penalizada según los términos de una ley vigente desde 1938, que pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que permita la práctica y con seis a 24 meses a quien colabore con el acto abortivo.