l jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, inauguró ayer una avenida que atraviesa el predio El Encino, en Santa Fe, y que da acceso vial a un hospital y una unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. La inauguración se produce luego de más de una década de litigio sobre la propiedad del referido paraje, que culminó en agosto del año pasado con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud de devolución de los terrenos –expropiados en 2000– formulada por la Promotora Internacional Santa Fe.
El episodio podría ser simplemente la culminación de una de tantas demandas que enfrentan las autoridades de todos los niveles en el país, de no ser porque la construcción de las referidas vialidades fue usada como pretexto para que la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mando de Rafael Macedo de la Concha y de su subordinado Carlos Javier Vega Memije, inventara, entre 2004 y 2005, un proceso judicial contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y emprendiera con ello un proceso de distorsión institucional en el que la justicia se presentó como algo distinto e incluso contrapuesto a la legalidad.
Esa fabricación, que desembocó en la farsa del juicio de procedencia en la Cámara de Diputados en contra del mandatario capitalino –en abril de 2005– y en un grave enrarecimiento del clima político del país, fue a su vez el corolario de un prolongado desfiguro institucional cuyo único objetivo fue sacar a López Obrador del proceso electoral de 2006.
El afán de destruir políticamente al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal fue el telón de fondo para el establecimiento de alianzas inconfesables de los operadores del primer círculo del foxismo con personajes de las cúpulas priístas –como Carlos Salinas y Roberto Madrazo– y con la mayoría de los medios electrónicos, convertidos en caja de resonancia de un delito inexistente. Se vulneró, asimismo, la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, cuyos integrantes volvieron a los tiempos de las votaciones por consigna y del alineamiento a los designios presidenciales.
La PGR, por su parte, se impuso como tarea obsesiva y casi única el acoso judicial al mandatario capitalino, y se inauguró, con ello, una nueva etapa en la utilización facciosa y descarada de esa dependencia como instancia de fabricación de culpables y persecución de opositores políticos, como ha quedado de manifiesto, años después, en episodios como el michoacanazo.
Al día de hoy, el costo político y el daño causado en su momento a la institucionalidad, a la estabilidad del país y a los derechos políticos del propio López Obrador, pero también de millones de ciudadanos, contrasta con la ausencia de responsabilidades y sanciones a los principales operadores de la maniobra, entre quienes destacan el ex presidente Vicente Fox y los ya referidos Macedo de la Concha y Vega Memije.
Es claro, pues, que la distorsión de la vida republicana y la descomposición de las instituciones políticas provocadas a raíz del conflicto de El Encino no han sido subsanadas. Para ello, sería necesario, en primera instancia, de voluntad política que desemboque en las pesquisas, el esclarecimiento y las reformas pertinentes para evitar la repetición de tales hechos, en el entendido de que intentonas antidemocráticas, lesivas y peligrosas, como la del desafuero de López Obrador, son completamente incompatibles con las reivindicaciones democráticas y con las nociones más elementales de legalidad.
