El pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la administración pública federal, con el propósito de que la Secretaría de Energía se encargue de fijar y revisar los precios de energía eléctrica, con lo que se derogaría la facultad de la Secretaría de Hacienda de definirlos.

También se presentó una propuesta del Partido del Trabajo (PT) para que los procesos de extradición, que son atribución del Ejecutivo federal, se sometan al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Con ello –señala el documento–, los ciudadanos mexicanos ganarían en certeza y seguridad de que la extradición no quedaría al libre albedrío del presidente de la República, evitando conductas arbitrarias y totalitarias que conlleven a un estado de incertidumbre jurídica.

El diputado priísta Gerardo Gaudiano (por el estado de Tabasco) sostuvo que la energía eléctrica es una necesidad básica de las familias mexicanas, no un lujo, y la imposición de tarifas de alto consumo doméstico está fuera de los subsidios que ofrece el gobierno federal. A la fecha, el apoyo gubernamental a los ciudadanos se aplica a partir del consumo de 251 kilovatios hora, que representa un pago promedio al mes de 900 pesos.

El legislador expone que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la energía eléctrica en México ya es un lujo, y su costo es hasta 75 por ciento mayor que en Estados Unidos.

De tal forma, la propuesta considera necesario que la Secretaría de Energía sea facultada para aplicar y revisar el cobro transparente, con la consecuente responsabilidad de informar a la Cámara de Diputados.

Así, el órgano legislativo intervendría en el proceso de cálculo y determinación de precios por suministro y venta del fluido.

En tanto, la diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT) presentó en tribuna una propuesta para acotar la facultad del Ejecutivo federal a la hora de decidir la extradición de algún ciudadano mexicano o extranjero.

A la fecha –dijo–, el presidente de la República tiene facultad discrecional de otorgar la extradición en casos debidamente justificados, y por tratarse de una excepción a la regla, que encuentra sustento en el principio de reciprocidad internacional, se puede incurrir en el uso arbitrario o caprichoso de la facultad de extradición.

Con objeto de otorgar seguridad y certeza jurídica –señaló Martínez Santillán–, se incluirían en la ley de extradición los delitos marcados en el Estatuto de Roma como graves, y que serían los únicos casos en los que aplicaría la entrega de ciudadanos mexicanos al extranjero, con el propósito de que tengan la certeza y seguridad de que sólo en las hipótesis planteadas procederá su extradición, sin que la misma quede a discrecionalidad del Ejecutivo federal, evitando así conductas arbitrarias y autoritarias que lleven a un estado de incertidumbre jurídica.