La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) no descarta que la red de corrupción que proporcionaba información a grupos criminales sea mayor a los siete que ya han sido puestos a disposición de jueces federales, señalaron fuentes ministeriales y del Poder Judicial federal.

Dijeron que solicitaron diversas órdenes de intervención telefónica y consignaron dos averiguaciones previas que han dado pie a dos investigaciones más.

Funcionarios del Poder Judicial federal revelaron que el juzgado segundo de distrito, con sede en Toluca, estado de México, tiene bajo su responsabilidad el proceso penal contra dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la presunta comisión del delito de revelación de secretos en favor de grupos criminales. Sin embargo, se negaron a proporcionar la identidad de los indiciados y a revelar si ya se encuentran sujetos a proceso penal.

La información obtenida refiere que a finales de diciembre de 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) empezó sus investigaciones en torno a una red de corrupción que involucra a servidores públicos de distintas esferas gubernamentales, y que continúa sus indagatorias debido a que fueron afectados varios operativos en el norte del país, que tenían como objetivo la captura de líderes los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con el contenido del proceso penal 14/2012, entre las operaciones que fracasaron por la filtración de información ministerial que obtuvieron miembros del crimen organizado por medio del abogado José Gerardo Ortega Maya –ex yerno de Luis Ricardo Ruano Angulo, secretario de Marina durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari– se encuentra una investigación relacionada con casas de seguridad en las que se había detectado la presencia de Joaquín El Chapo Guzmán.

Según la investigación de la Seido, Manuel Arroyo Hernández, uno de los siete ex funcionarios involucrados en la red de corrupción, cursó solamente dos semestres de derecho en la Universidad Latina, en la ciudad de México, y durante su vida laboral se desempeñó como comandante de la Policía Judicial capitalina, de abril de 1989 a agosto de 1997, y fungió como director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de junio de 2002 a noviembre de 2004.

En el gobierno federal prestó sus servicios como director de área en la Unidad de Combate al Secuestro y Terrorismo de la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de octubre de 2006 a abril de 2008; retornó al gobierno capitalino al ser designado prestador de servicios profesionales en la Contraloría General, de marzo de 2010 a febrero de 2011.

El 16 de octubre de 2011 obtuvo empleo como subdirector de área en la PGR, supuestamente adscrito directamente a la oficina de la procuradora Marisela Morales, realizando labores de supervisión.