A más de 24 horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concediera a Hugo Sánchez Ramírez un amparo que le otorga libertad inmediata –luego de permanecer cinco años en la cárcel acusado con cargos falsos de secuestro y portación ilegal de armas–, las autoridades penitenciarias se rehúsan a cumplir dicha resolución, en claro desacato al máximo tribunal del país, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En un comunicado, la organización informó que ha tratado de obtener la libertad del joven mazahua mediante la presentación de oficios a varias autoridades, pero éstas se han negado a cumplir el fallo de la SCJN, alegando que aunque el amparo por el delito de secuestro ya fue concedido, todavía sigue por resolverse el de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Dicho argumento es inválido, enfatizó el Prodh, puesto que el joven indígena ya compurgó la pena por dicho ilícito, al haber permanecido en la cárcel por más de cinco años. Al no poner en libertad a Sánchez Ramírez, las autoridades incurren en desacato, lo cual podría derivar en responsabilidades administrativas y penales.

La organización de derechos humanos subrayó que la exigencia de algunos funcionarios para que el indígena se desista del amparo faltante y acepte su supuesta culpabilidad, como medio para obtener su libertad, es un chantaje inaceptable.

Cuestión de procedimiento, alegan autoridades del Edomex

Ante dichos señalamientos, el director general de Prevención y Readaptación Social del estado de México, Rubén Fernández Lima, afirmó que la negativa de dejar en libertad a Hugo Sánchez no obedece a ningún tipo de chantaje o desacato, sino a que sigue pendiente la resolución del amparo por el cargo de portación ilegal de armas.

“No entiendo qué quieren decir con chantaje, sólo es un procedimiento legal que se hace en cualquier caso. El acusado tiene que desistirse del amparo que solicitó, y eso no implica aceptar su culpabilidad, porque ya fue sentenciado.

Si le doy libertad en este momento, estaría cometiendo un delito ante la autoridad ejecutora de la sentencia, explicó el funcionario mexiquense en entrevista telefónica.