contrapelo de las contracciones experimentadas en importantes rubros del gasto público –como los subsidios a la energía eléctrica y a los combustibles– y en los bolsillos de la población en general, el Poder Legislativo experimentó, durante el año pasado, un ensanchamiento sin precedente en el monto presupuestario ejercido por concepto de servicios personales –que incluyen dietas de los legisladores–, gastos de operación y servicios generales: la Cámara de Diputados dispuso por esos conceptos 5 mil 335 millones 335 mil pesos, en tanto que el Senado de la República ejerció 3 mil 613 millones 194 mil pesos durante 2011. Casi 9 mil millones de pesos, en conjunto; más de 24 millones de pesos por día.

La exorbitante cifra de recursos erogada por el Congreso durante el año pasado no guarda ninguna relación con la realidad económica que enfrenta el conjunto de la población. Un botón de muestra es el hecho de que, mientras el monto destinado para el gasto de los legisladores en 2011 fue el más elevado en las últimas tres décadas, mismo periodo en que el salario mínimo ha perdido 75 por ciento de su valor en términos reales. Además del estrechamiento de sus ingresos, la población trabajadora del país padece la aniquilación de sus prestaciones, conquistas y derechos laborales, como lo demuestra el crecimiento del outsourcing en 170 por ciento durante la reciente década, así como el crecimiento exponencial del empleo informal. Es previsible, por lo demás, que esta situación se agrave si el Senado decide avalar las reformas a la Ley Federal del Trabajo previamente aprobadas en San Lázaro, las cuales buscan implantar un régimen laboral prácticamente desprovisto de obligaciones para los patrones y de protección para los asalariados.

En un entorno caracterizado por el dispendio y la opacidad en el ejercicio de los gasto por parte del Ejecutivo –como ha sido revelado en los documentos de la cuenta pública para 2011, y comentados el pasado domingo en este espacio–, lo menos que cabría esperar del Legislativo es que sus integrantes ejercieran las facultades de contrapeso que les corresponden y que introdujeran elementos de racionalidad, control y sensibilidad social a la conducción de los recursos públicos. En cambio, el dispendio y el boato con que se despachan los legisladores desvirtúa su condición formal de representantes populares, y contribuye a profundizar la frustración de la sociedad ante el conjunto de la clase política.

Dicho descrédito es, por último, un ingrediente principal de la pérdida de gobernabilidad y estabilidad política que se vive actualmente en otras partes del mundo, principalmente en las naciones europeas en dificultades económicas, cuyas poblaciones han sido sometidas a un injustificable sacrificio social por sus autoridades y representantes. A menos que el grupo gobernante en nuestro país esté dispuesto a enfrentar un escenario similar, es necesario que comience a actuar con un mínimo de decoro y espíritu republicano, principalmente en lo que concierne al manejo de las arcas públicas.