El consejo consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, conformado el viernes anterior, tiene frente a sí el reto de brindar una respuesta ante la situación de extrema violencia que siguen padeciendo los integrantes de ambos gremios, y al mismo tiempo diseñar políticas públicas para tratar de prevenir las agresiones, en vez de sólo reaccionar cuando ya ocurrieron, señalaron integrantes de dicho organismo.

Rogelio Hernández, director de la Casa de los Derechos de Periodistas –representante en el ámbito de libertad de expresión–, afirmó que aunque la capacidad de acción del consejo consultivo pueda resultar acotada, es necesario ampliarla para no restringirla únicamente a un papel reactivo.

Este organismo sólo actuará en los casos de defensores y periodistas que ya se encuentran amenazados, es decir, en un aspecto cautelar inmediato, pero eso no debería satisfacernos, porque lo más importante es cambiar las políticas públicas para avanzar hacia una etapa preventiva, indicó en entrevista con La Jornada.

A pesar de las limitaciones que pueda tener el consejo, subrayó Hernández, decidimos aprovechar esta oportunidad, porque es la primera señal en todo el sexenio de que las autoridades pueden actuar con energía para proteger a los defensores y periodistas, aunque sea un poco más. Además, al ser el mecanismo de una ley general, podemos implementar medidas concretas, y no sólo firmar documentos.

Entre las prioridades del consejo consultivo está definir quiénes serán los cuatro representantes que formarán parte a su vez de la junta de gobierno del mecanismo –máxima instancia de decisión–, y una vez concluido ese paso avanzar hacia la aprobación de un reglamento y definir los protocolos de evaluación de riesgos y protección de los afectados por la violencia.

Pablo Romo, integrante del colectivo Servicios y Asesoría para la Paz –quien participa en el consejo como académico– consideró por su parte que este órgano es una manera de responder frente a las situaciones de extremo peligro que viven muchos comunicadores y activistas de derechos humanos, que logró conformarse luego de dos años de trabajo complejo y difícil.

El especialista coincidió en que una de las tareas primordiales en este momento es designar a los periodistas y defensores que estarán en la junta de gobierno, alternando junto con cuatro funcionarios gubernamentales y un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y establecer con qué recursos económicos cuenta el organismo.

Las agresiones continúan, de tal manera que ya urge implementar el mecanismo, para contener, aunque sea un poco, la situación de violencia extrema que vivimos, enfatizó.