os integrantes de la banda feminista de punk-rock Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova, de 22 años, y Maria Aliojina, de 24, fueron enviadas ayer a prisiones alejadas de Moscú a cumplir con la pena de cárcel de dos años que les fue impuesta en agosto pasado por criticar al presidente Vladimir Putin y al patriarca de la iglesia ortodoxa, Cirilo I, en un performance artístico realizado sin autorización oficial, seis meses antes, en la catedral de Cristo Salvador, en la capital rusa. Una tercera participante en ese concierto-protesta, Yekaterina Samutsevich, fue puesta en libertad condicional el pasado 10 de octubre, luego que su abogada amenazó con recurrir al Tribunal de Estrasburgo.
El espectáculo profano ejecutado de manera sorpresiva por las Pussy Riot en el templo referido –en el cual cantaron frases de rechazo a las formas antidemocráticas con las cuales Putin se ha mantenido en el poder, y a Cirilo I por apoyarlo– causó escándalo en la sociedad moscovita. Pero su arresto por las autoridades rusas un mes después, y el juicio de vandalismo al que fueron sometidas, escandalizaron a la opinión pública mundial por la severidad de la imputación –presentada en un expediente de 2 mil 800 páginas–, por las presiones a las que el poder político sometió al tribunal municipal de Moscú que se encargó del caso, por la manifiesta complicidad del clero ortodoxo, el cual exigió a las artistas que se arrepintieran y pidieran perdón, y por el falgrante atropello a la libertad de expresión.
El encarnizamiento de la persecución judicial ha generado muestras de solidaridad en ámbitos artísticos internacionales, en las redes sociales y en movimientos opositores de diversos continentes, y ha llevado a Amnistía Internacional y a otras organizaciones humanitarias a declararlas presas de conciencia.
Sin embargo, el gobierno ruso ha porfiado en la saña contra las cantantes y ayer se informó que Tolokonnikova, residente en Moscú y madre de una niña de cuatro años, fue enviada a una prisión ubicada en la república federada de Mordvinia, a 500 kilómetros de distancia, en tanto que Aliojina, que tiene un hijo de cinco años, deberá cumplir su sentencia en Perm, a más de mil kilómetros de la capital.
Esas formas de destierro carcelario recuerdan, obligadamente, las prácticas de la Rusia zarista, en la que los opositores políticos detenidos solían ser enviados a cárceles en remotos puntos de Siberia, práctica que fue retomada y agravada décadas más tarde por el régimen stalinista, el cual construyó alejados centros de trabajos forzados denominados gulag. Resulta inevitable percibir en tal medida una intención de aplicar a las dos prisioneras un castigo ejemplar que intimide y atemorice a los críticos del régimen, así como un afán personal de venganza del presidente ruso ridiculizado por las Pussy Riot.
Cabe recordar, por último, que la práctica de enviar a disidentes y opositores presos a lugares alejados de sus sitios de origen o residencia no es exclusiva de Rusia. La han empleado gobiernos que se presumen democráticos y respetuosos de los derechos humanos, como el español, que la ha aplicado en forma sistemática contra los acusados de pertenecer a ETA, y lo ha usado el actual gobierno de México contra el activista tzotzil Alberto Patishtán, quien hace 12 años, en su natal Chiapas, fue injustamente condenado a 60 de prisión por la muerte de siete policías. Entre los innumerables atropellos y arbitrariedades sufridos por Patishtán figura su traslado a un penal federal de Guasave, Sinaloa.
