Madrid, 23 de octubre. Con gritos de ¡no nos representan!, una multitud convocada por el movimiento de los indignados se manifestó el martes frente al parlamento español, donde los diputados, blindados por un amplio despliegue policial, comenzaron a debatir los presupuestos generales del estado para 2013, marcados por nuevas medidas de austeridad para reducir el déficit público.

Los inconformes aseguran que las cuentas públicas causan opresión y miseria. Bajo el lema rodea el Congreso y encabezados por una gran pancarta que pedía dimisión, miles de manifestantes se concentraron frente a los imponentes cordones policiales que impedían acercarse a la Cámara de Diputados, donde estaban reunidos los legisladores.

Cientos de manifestantes intentaron después, ya llegada la noche, rodear las barreras desviándose por una calle aledaña, pero rápidamente se vieron bloqueados por los elementos antidisturbios, que los obligaron a retroceder.

Unos mil 500 agentes se desplegaron desde hoy y hasta el sábado, según fuentes policiales citadas por la prensa española, toda vez que la protesta de hoy, para la que no se solicitó autorización a las autoridades, se repetirá el jueves y el sábado.

La movilización de este martes retomó el nombre del 25-S, en referencia a la movilización que el pasado 25 de septiembre pretendió rodear el recinto de los Diputados, en protesta por la crisis y contra una clase política que, aseguran los activistas, tiene secuestrada la democracia. Aquel día la protesta social derivó en violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes, que se saldaron con 64 heridos y 35 detenidos.

Con 39 mil millones de euros en ajustes, los presupuestos para el próximo año están diseñados para la deuda privada, que no tiene que pagar el pueblo español, cuando están cortando en salud y en educación, contra los más vulnerables, denunciaba Noelia Urdiales, educadora social de 34 años.

Determinado a reducir el déficit del país a menos de 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2014, el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió medidas de ajuste por 150 mil millones de euros entre 2012 y 2014, que incluyen bajas de salarios a los funcionarios, alzas de impuestos y recortes en sectores públicos como la salud o la educación en un país asfixiado por la recesión y en el que un trabajador de cada cuatro no tiene empleo.

El sentimiento que tenemos la gente en la calle es que no nos respetan, agrega Noelia. Junto a ella, decenas de personas se habían sentado en el suelo para discutir en una asamblea popular las propuestas políticas que querían presentar a los legisladores.

¿Crisis? ¡Atraco!, podía leerse en las pancartas que enarbolaron los manifestantes. Sobre las barreras deplegadas por la policía para cortar el paso a varios cientos de metros del Congreso, los manifestantes habían colgado pequeñas pancartas con lemas como el gobierno pide paciencia, nosotros gritamos desobediencia o un euro de cada cuatro para pagar una deuda ilegítima.

España vive una corrupción brutal, dijo Rafael Martínez, un contador de 48 años, desempleado desde hace un año. Sigue gobernando la misma jerarquía que cuando vivía Franco, afirma en referencia al Partido Popular de Rajoy.