Puebla, Pue., 23 de octubre. El gobierno del estado, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, demandó penalmente a dos directores de medios de comunicación y habría filtrado una lista en la que aparecen otros 17 periodistas que han criticado a la administración estatal, quienes podrían enfrentar acciones similares.

Las querellas fueron tramitadas por el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local, Sergio Ramírez Robles, contra de Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla.

Según un comunicado, las demandas son por daño moral, al abusar de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos.

En las demandas se asienta que los implicados violaron los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CCELSP) y sexto y séptimo de la Constitución General de la República.

Ramírez Robles sostiene que Gómez y Ruiz sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática y, fuera de contexto, insultar a funcionarios del gobierno de Puebla.

El gobierno del estado exige que el Poder Judicial declare a los informadores responsables de daño moral causado por hecho ilícito, cometido en agravio de diversos funcionarios del gobierno estatal y que por vía de reparación del daño moral, (se ordene) la publicación de un extracto de la sentencia que se dicte en el presente juicio, en la cual se declare la existencia de la responsabilidad civil (sic).

La administración estatal agregó que si bien la ley prevé la posibilidad de exigir indemnización económica, en estos dos casos no se solicitó al juez, y resaltó que Gómez y Ruiz recibieron decenas de cartas aclaratorias por sus repetidas injurias y mentiras.

Por la mañana, antes de que se presentaran las querellas, en dos columnas se filtró una lista de 19 periodistas críticos de Moreno Valle Rosas, quienes serían demandados. La relación incluye a Fermín Alejandro García Hernández, jefe de información de La Jornada de Oriente.

Otros comunicadores que serían demandados son: Selene Ríos Andraca, de Periódico Central; Salvador Ríos, Iván Tirzo y Cirilo Calderón, de El Sol de Puebla; Enrique Núñez Quiroz, Ricardo Morales y Jorge Castillo, de Intolerancia Diario; Álvaro Delgado, de la revista Proceso; Alejandro Mondragón Quintero y Valentin Varillas, de Status, Rodolfo Ruiz Rodríguez y Fernando Pérez Corona, de e-consulta; Carlos Macías Palma, de El Popular; Eduardo Rivera Santamarina, de unomásuno; Fernando Maldonado, de Periódico Digital, y Arturo Rueda, de Cambio.

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información, capítulo Puebla, calificó de preocupante que se demande a periodistas, porque en un régimen democrático se parte del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la pluralidad, y de la tolerancia de los funcionarios públicos a la crítica. La demanda evidencia rasgos de autoritarismo, declaró la presidenta del organismo, Lilia Vélez Iglesias.

Dijo que los juzgados deben desechar las querellas. La atribución del vocero de tramitar demandas en nombre del gobernador o de funcionarios de gobierno es inconstitucional. Los derechos a la personalidad, la vida privada, el honor y la propia imagen son personalísimos; sólo quien considera que se violó su derecho puede demandar. El decreto que concede facultades al vocero no puede estar por encima de la Constitución, advirtió.

Agregó que ya hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dejado en claro que el derecho a la información impera sobre los personales (como el derecho al honor) en el caso de las personalidades públicas, quienes por la naturaleza de su trabajo están más expuestas a la crítica.

Recordó que el año pasado, cuando el Congreso local aprobó enmiendas al CCELSP para permutar la pena corporal por multas en los delitos de prensa y diversos organismos advirtieron sobre las aberraciones legales de la reforma, los diputados se comprometieron a presentar en 180 días una norma sobre los derechos al honor, la vida privada y la imagen personal, pero no han cumplido.