Santiago, 23 de octubre. Cinco indígenas mapuches presos en la cárcel de Temuco, región de la Araucanía, depusieron hoy una huelga de hambre que mantenían desde hace 23 días en reclamo de su traslado a la prisión de Angol, luego de alcanzar un acuerdo con personal de Gendarmería y el Ministerio de Justicia y la mediación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Hoy nuestros hermanos depusieron la huelga por humanidad, al cabo de 23 días de ayuno líquido y cinco de seco, y serán trasladados el jueves, informó Fredy Marileo, uno de los voceros de los ayunantes. Sin embargo, dijo que Leonardo Quijón, Luis Marileo, Fernando Millacheo, Guido Bahamondes y Cristian Levinao se encuentran muy descompensados y su salud está gravemente deteriorada.

Cuando comenzaron el ayuno, los comuneros mapuches habían denunciado una confabulación del Estado, los empresarios y los latifundistas que manejan las leyes en contra nuestra, con el fin de mantenernos lejos de nuestras familias. Pero ahora, con el traslado de la cárcel de Temuco a la de Angol, distantes a unos 120 kilómetros, podrán estar cerca de sus seres queridos.

Los mapuches están en prisión preventiva acusados del asesinato de un agricultor, incendio, intento de homicidio y robo. Marileo dijo que todos tienen la conciencia tranquila porque son inocentes, y denunció que lo ocurrido ha sido un montaje policial y de la familia de una de las víctimas para acusar a los mapuches, la mayor etnia chilena.

Mientras, otros cuatro presos mapuches continúan en huelga de hambre en la cárcel de Angol desde hace 58 días. Se trata de Erick y Rodrigo Montoya, Paulino Levipan y Daniel Levinao, quienes reclaman que sus condenas sean revisadas por la Suprema Corte de Justicia y que finalmente sean anuladas, que no haya testigos protegidos y fin a los montajes político-judiciales en su contra.

La comunidad mapuche, reducida a unas 700 mil personas del total de 16 millones de chilenos, mantiene una larga lucha en reclamo de tierras ancestrales que explotan empresas forestales. Viven en pequeñas comunidades autónomas y activistas que han caído presos han sido procesados por la justicia militar, que establece penas carcelarias más prolongadas en comparación con la legislación civil.