os procesos políticos de cambio conllevan opciones en las que hay momentos de avance y retroceso, de estancamiento, involución y condicionamientos no deseados por los pueblos. Argentina conoció todas estas variables, a saber:

A) el avance de un gobierno popular y elegido en dos ocasiones por las mayorías (1946-55);

B) el retroceso de regímenes militares y ensayos alternos donde la democracia fue convidada de piedra (1955-73);

C) el estancamiento de un gobierno democrático que acabó en caricatura de sí mismo (1973-76);

D) la involución de la dictadura cívico-militar genocida que instauró el neoliberalismo (1976-83);

E) gobiernos democráticos y condicionados por el consenso de Washington, que hundieron al país en una crisis sin precedentes (1983-2003).

En 2001, frente a la encrucijada, el FMI y las corporaciones económicas yanquis y europeas propusieron más de lo mismo, incluyendo el remate territorial del país rioplatense. La opción fue de hierro: refundición o refundación nacional.

A pesar de la destrucción neoliberal, ningún teórico serio de la izquierda pensó que la revolución quedaba a la vuelta de la esquina. Pero tampoco la contrarrevolución que los grupos oligárquicos nativos y el imperialismo anglosajón habían ensayado durante casi medio siglo.

En 2003, cuando Néstor Kirchner ganó la presidencia, varios desafíos simultáneos empezaron a tomar color: 1) recuperar la autoestima de millones de ciudadanos saqueados por el neoliberalismo; 2) atender con sensibilidad los reclamos de justicia para los 30 mil desaparecidos; 3) retomar las políticas sociales y fortalecer la soberanía del Estado frente a la piratería financiera del capitalismo depredador.

Lo de piratería distaba de ser un eufemismo. Los piratas de hoy ya no usan parches en un ojo, patas de palo ni cargan loros al hombro. Por el contrario, visten con trajes de seda, y se especializan en comprar bonos basura de los países en quiebra. Y después, a través de una mañosa ingeniería jurídica, elevan su valor a millones y reclaman el pago en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI), entidad superpirata del Banco Mundial.

Durante el frenesí privatizador, el gobierno neoliberal de Carlos Menem emitió títulos de deuda ilegales y tasados por debajo de su valor nominal. Luego, estos títulos fueron declarados en default (sin valor). Pero en 2005, cuando el gobierno de Néstor Kirchner anunció que el Estado renunciaba a las inmunidades de jurisdicción y ejecución de los ilegales bonos basura, propuso un canje a los acreedores.

Con una quita importante, 92 por ciento de los consorcios especulativos aceptaron. Sin embargo, al ver que la economía argentina se recuperaba, el resto se negó. Entre estos, NML Limited, controlado por Paul Singer, magnate y cerebro del American Task Force Argentina, lobby que en Washington se dedica a desacreditar al país sudamericano por no cumplir con sus acreedores estadunidenses. O sea, con 8 por ciento restante de los fondos buitre que se rehusaron al canje propuesto por Kirchner.

Ahí radica el ignominioso nudo leguleyo que desde el 2 de octubre pasado tiene a la fragata argentina Libertad (buque escuela de la Armada), varada en el puerto africano de Tema (Ghana). NML Limited exige 370 millones de dólares por su liberación. De lo contrario, la Libertad va presa.

El abordaje de los piratas financieros contó con la participación de operadores de Wall Street, jueces y senadores estadunidenses, jefes militares, abogados, políticos y medios de comunicación que en Buenos Aires pescaron a río revuelto.

Poderoso contribuyente de la campaña presidencial del republicano Mitt Romney, Singer no es más que otro pirata de los que navegan por el mundo exigiendo seguridad jurídica para sus inversiones carroñeras. El senador republicano de Florida Marco Rubio (cubano), también ha sido uno de sus beneficiarios. Vocero de los fondos buitres, Rubio promovió en 2010 (sin éxito), la incautación de las reservas del Banco Central argentino en Estados Unidos.

La situación legal de la fragata Libertad (emblema nacional en los mares del globo), es incierta. Al igual que Henry Morgan, Francis Drake y tantos próceres de la rapacidad en los tiempos heroicos del capitalismo, Singer tiene su domicilio legal en las islas Caimán, paraíso fiscal inglés donde operan (¿legalmente?), más bancos y aseguradoras que en Nueva York.

En Buenos Aires, la oposición y medios golpistas, como el monopolio Clarín y la gaceta ganadera La Nación, han sugerido que el gobierno de Cristina Fernández negocie con los piratas. Omitiendo que Ghana estado independiente y miembro de las Naciones Unidas, fue el país que a solicitud de los buitres violó el derecho internacional.

Categóricamente, Cristina Fernández de Kirchner manifestó: Los fondos buitres, contra todas las leyes internacionales, embargan a nuestra fragata. Mientras sea presidenta se pueden quedar con la fragata pero no con la dignidad de este país. Ningún fondo buitre se va a quedar con la soberanía del país.