El Senado modificó ayer la reforma laboral al introducir cambios en ocho artículos en materia de democracia sindical, que obligan a los dirigentes a transparentar su gestión, llevar a cabo elecciones mediante voto libre y secreto y rendir cuentas del patrimonio gremial, por lo que la minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados, donde deberá definirse su destino, ya que se trata de una iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón.

En un debate que se prolongó por más de 12 horas, al que asistieron la totalidad de los senadores, el PRI se llevó un serio revés ya que aunque cambió su postura y a última hora votó en favor de los cambios en materia de transparencia en las organizaciones sindicales, no lo hizo así en lo que se refiere a rendición de cuentas, tema que fue aprobado con el voto del PAN y el bloque de izquierda que integraron PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

El artículo 371, que consagra el voto libre y secreto en la elección de las directivas sindicales, se aprobó con 67 votos a favor y 61 en contra, toda vez que incluso la senadora Mónica Arriola (Panal), hija de Elba Esther Gordillo, se sumó al PAN y a las bancadas de izquierda.

Se dio un ríspido debate, ya que el PRI y su aliado, el Partido Verde, argumentaron que reintegrar a la minuta el artículo 371, en el que se establece que las directivas sindicales deben ser electas mediante voto libre, directo y secreto, vulnera la autonomía sindical garantizada en el artículo 123 constitucional, así como convenios internacionales.

El panista Javier Corral advirtió que en nombre de la autonomía sindical no se puede atropellar los derechos de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes, ni puede haber zonas de impunidad ni elecciones por aclamación, que son una rémora del pasado.

Agregó que la paz social en el país descansa en sindicatos libres, no corporativos, y el combate a la corrupción debe darse en todos los ámbitos, incluido el sindical.

Los priístas Humberto Mayans y Omar Fayad, y Pablo Escudero, del Verde, insistieron en que se vulneran la Constitución y el artículo 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero sostuvo que con ese cambio se concibe a los obreros como menores de edad o subnormales.

El debate subió de tono. El perredista Manuel Camacho Solís resaltó que no pensó que alguien se atrevería a defender en tribuna la antidemocracia sindical y manifestarse en contra del voto libre y secreto. Su compañero de bancada Armando Ríos Piter acusó a los priístas de invocar en forma parcial lo establecido por la OIT y no tomar en cuenta resoluciones de ese mismo órgano internacional que no ven contradicciones entre la elección de las dirigencias y la libertad sindical.

Igualmente, el senador del PAN Roberto Gil Zuarth recalcó que no se vulnera el 123 constitucional y mencionó que hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que consagran el derecho de los trabajadores al voto universal, libre y secreto.

Con un fuerte aplauso, el bloque del PAN y la izquierda celebraron el triunfo, que se repitió después cuando ganaron también la votación en el artículo 373, que señala que los dirigentes deben rendir cuentas sobre las cuotas y los bienes del sindicato y que aquellos organismos de más de 150 trabajadores sean dictaminados anualmente por un auditor externo.

Raspón a Romero Deschamps

Ese artículo (el 373), aprobado con 66 votos a favor y 62 en contra, motivó que incluso salieran a relucir críticas en contra del senador príísta y dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, ya que la senadora del blanquiazul Laura Angélica Rojas Hernández dijo que así como los contribuyentes tienen derecho a saber en qué se gastan sus impuestos, los sindicalizados deben conocer el destino de sus cuotas.

Se debe tener información completa y veraz, porque los recursos gremiales deben servir para mejorar la economía de los trabajadores, no para perpetuar a los líderes y que sus familias vivan, como lo hemos visto, con gastos fastuosos.

Los senadores del PRI se enfurecieron cuando el panista Jorge Luis Preciado dijo que aspiraba a que no hubiera más legisladores sirvientes del Presidente de la República, de los poderes fácticos o de los sindicatos. De inmediato tomó la palabra David Penchyna para deplorar que el panista no tenga la humildad de reconocer que Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia y el PAN quedó en tercer lugar.

Se votó también la propuesta de la senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno, de introducir a la minuta los artículos 388 y 390, para que los contratos se voten antes de revisarse; ello, con el fin de acabar con el contratismo blanco o de protección.

Por la mañana, la bancada del Revolucionario Institucional rechazó formular modificaciones a la minuta, pero fue cambiando su postura a medida que las críticas subieron de tono por oponerse a reintegrar el tema de democracia sindical. Layda Sansores, del Movimiento Ciudadano, preguntó dónde está ese supuesto nuevo PRI que tanto promocionan, y les dijo que en realidad les aplica aquel dicho popular que reza: chango viejo no aprende maroma nueva.

La reforma laboral fue aprobada en lo general con 100 votos a favor y 28 en contra, estos últimos de los legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que en bloque expresaron su rechazo a esa modificación a la Ley Federal del Trabajo, la que, advirtieron, sólo beneficia a los empresarios y empobrece aún más a los asalariados.

En lo particular, el debate se prolongó varias horas; se aprobó modificar los ocho artículos que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, otros 41 artículos reservados por el PRD, referidos a los ordenamientos más cuestionados, como pago por hora, contratos temporales, facilitación de los despidos, reducir a 12 meses el pago de salarios caídos y otros que vulneran conquistas obreras, fueron desechados sin siquiera discutirse por la mayoría PRI-PAN.

Antes, la discusión de la reforma en lo general se llevó más de tres horas en que se confrontaron las posturas de los senadores de PRI, PAN y Verde con las del bloque de izquierda. Los primeros sostuvieron que es una reforma necesaria que permitirá incrementar la productividad, la competitividad y el trabajo decente. La LFT ya no responde a las dinámicas del siglo XXI, de la globalización y la era digital, recalcó el priísta Ernesto Gándara, presidente de la Comisión del Trabajo, al presentar el dictamen.

Ganar-ganar y perder-perder

El panista Héctor Larios fue más explícito. Expuso que con esa reforma se busca aumentar la competitividad de las empresas mexicanas. La senadora del PRD Dolores Padierna resumió el sentir de los legisladores de izquierda. Es una modificación a la ley laboral, recalcó, que significa ganar-ganar para los patrones y perder-perder para los trabajadores. Unos acumulan riqueza y otros eternizan la pobreza.

Agregó que los patrones alcanzan su viejo sueño de eliminar el trabajo de planta, reducir los salarios y eliminar prestaciones. Expuso que esa reforma cambia la esencia de la Ley Federal del Trabajo al dejar de tutelar los derechos de los trabajadores y pasa a tutelar al capital.

A su vez, la también perredista Alejandra Barrales demandó a los priístas dar la cara y de frente a los ciudadanos expresar con argumentos por qué aprueban esa reforma perjudicial para las mayorías.

En nombre del Partido del Trabajo, el coordinador Manuel Bartlett reprochó a los senadores priístas que son al mismo tiempo dirigentes de centrales obreras, que hayan avalado esa modificación a la LFT, pese a que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores.

Los 128 senadores de todas las fuerzas políticas se mantuvieron en el salón de sesiones durante la larga jornada, ya que la diferencia de votos en los dos bloques era mínima. Ninguno de los cuatro dirigentes sindicales participó en la discusión y resaltó también que las galerías del salón de plenos estuvieron vacías, ya que no se invitó a nadie.