La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo que la tortura y las detenciones arbitrarias siguen siendo el pan de cada día en México y son además un mecanismo de investigación al que no dejan de recurrir los cuerpos policiacos y militares mexicanos.

Javier Hernández, representante de la ONU en México, afirmó lo anterior durante una conferencia de prensa efectuada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la que se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso de Israel Arzate Meléndez, quien busca demostrar, con el apoyo de ese organismo defensor de los derechos humanos, que fue torturado por policías estatales y por militares.

Israel es un joven de 26 años de edad que fue detenido el 3 de febrero de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien durante 36 horas consecutivas fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes para que se declarara culpable de haber participado en la matanza de jóvenes ocurrida en la colonia Villas de Salvárcar, registrada en enero de ese mismo año y la cual conmocionó a la sociedad mexicana. Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que atraiga el caso y poner un alto a las prácticas de tortura, comentó Simón Hernández, abogado del Centro Pro, durante la rueda de medios.

De su lado, Javier Hernández refirió que un informe sobre el caso de Israel también será presentado por el Centro Pro al Comité contra la Tortura de la ONU para que sea contemplado en el examen de los informes periódicos quinto y sexto del Estado mexicano, programados para su evaluación en Ginebra en noviembre de 2012.

Ese informe, de acuerdo con el Centro Pro, se centra en el caso de Israel Arzate Meléndez, víctima de detención arbitraria y una serie de actos de tortura en instalaciones militares con el fin de obligarlo a inculparse por un crimen que no cometió.

Durante la conferencia de prensa, tanto Javier como Simón Hernández hicieron hincapié en que desde su primera declaración ante una juez local en el estado de Chihuahua, Israel denunció (en audiencia oral y pública) que su confesión había sido obtenida bajo tortura, pero la autoridad judicial lo ignoró y lo procesó sin mayores pruebas que una declaración confesional obtenida bajo tortura. Hasta el momento ninguna autoridad judicial ha admitido como prueba de descargo el hecho de que Israel haya sido torturado (el Centro Pro presentó dictámenes periciales que demuestran los daños físicos y sicológicos que sufrió el inculpado cuando fue detenido).