Rubén Sifuentes Cadena, El Shaggy, identificado como uno de los autores materiales del homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira, obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 58 pesos porque ese fue el monto que le impuso el juzgado séptimo de distrito con sede en Jalisco, en agosto pasado, tras ser detenido en posesión de casi nueve kilos de mariguana.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios del Poder Judicial, el juzgado federal determinó imponer una fianza accesible al detenido, tras haber modificado la acusación que le imputó el Ministerio Público, y en lugar de procesarlo por delitos contra la salud como delito grave, únicamente consideró que se trataba de un delito menor, ya que la droga que se le encontró era para consumo personal.

En tanto que el segundo tribunal unitario con sede en Coahuila, ordenó el pasado 10 de septiembre al juez séptimo de distrito que librara la orden de reaprehensión contra El Shaggy, en razón de que el juzgador no consideró todos los elementos de prueba que le fueron presentados para que dictara auto de formal prisión en contra de Rubén Sifuentes Cadena por delitos contra la salud, ya que tenía casi nueve kilos de mariguana en su poder, y al ser declarado médicamente no adicto, el juez de la causa no debió reclasificar la acusación.

Al respecto, fuentes judiciales señalaron que la PGR no ha presentado ninguna queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del juez, y justificaron que la decisión del tribunal unitario de ordenar la reaprehensión de El Shaggy no es una cuestión que descalifique la actuación del juzgador, sino que es parte de la práctica judicial que los tribunales modifiquen las sentencias de los jueces.

Agregaron los informantes que el problema es que al descalificar al juez séptimo, se pone en entredicho la autonomía e independencia de los jueces federales y su libertad de criterio.

En todo caso, este asunto abre la puerta para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine qué criterio debe prevalecer.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal entregó a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (Scrapa) de la Procuraduría General de la República (PGR), a Víctor Landeros Sifuentes, Jorge Tenorio Takajasi y Roberto Clemente Bárcenas Cepeda, señalados como los responsables de entregar a José Eduardo Moreira Rodríguez a integrantes de Los Zetas para que fuera ejecutado.

En tanto, la Scrapa, por conducto de la delegación de la PGR continuará la investigación en contra del ex supervisor de la policía municipal de Ciudad Acuña, Coahuila, Víctor Landeros Sifuentes, el agente municipal Jorge Tenorio Takajasi y Rubén Clemente Bárcenas Cepeda.

Por su parte, la procuraduría General de Justicia del estado pidió a la PGR autorización para tomar declaración a los dos policías municipales, Landeros Sifuentes y Tenorio Takajasi detenidos por la Policía Federal.

De acuerdo con información oficial, la petición tiene el propósito de fortalecer la averiguación previa que se lleva a cabo en el fuero común sobre el asesinato del hijo del ex gobernador de la entidad, ya que ambos imputados entregaron a Moreira Rodríguez a Los Zetas, quienes cometieron el asesinato el 3 de octubre pasado en Ciudad Acuña.