Madrid, 25 de octubre. José Miguel Domingo tenía 54 años, estaba desempleado y tenía una deuda con el banco que le asfixiaba. La crisis económica, que lo mandó al desempleo, y la severidad de los bancos para recuperar el dinero prestado –240 mil euros– llevaron a este ciudadano español a ahorcarse al lado de su vivienda, justo en el momento en el que esperaba a la policía y al interventor público que iban a avalar y ejecutar la expulsión de su casa y de su local comercial. Un drama que pone en evidencia la grave situación económica que atraviesa el país, pero sobre todo la dureza de la legislación española con los deudores particulares mientras favorece los intereses de las instituciones financieras.

En España se ejecutan a diario alrededor de 500 lanzamientos o expulsiones de familias o personas de sus viviendas por una deuda contraída con el banco que, después de varios citatorios e impagos, un juez ordena. El dispositivo habitual es un coche de policía, un funcionario que sirve de interventor público. Sólo en lo que va de año se han llevado a cabo más de 70 mil expulsiones por esta vía, mientras que desde julio de 2008, cuando se inició la crisis económica, las estadísticas oficiales arrojan una cifra estremecedora: más de 190 mil lanzamientos.

José Miguel Domingo, natural y residente en la ciudad andaluza de Granada, era un caso más de los centenares que resuelven a diario los juzgados civiles españoles. Las instituciones de justicia se limitan a aplicar una de las legislaciones más injustas, según algunos juristas y magistrados españoles, que sitúa a España como uno de los pocos países en el mundo en el que no se salda la deuda con la entrega de la propiedad embargada, sino que se mantiene y va creciendo con intereses altísimos que condenan a las familias y a los ciudadanos a la marginalidad.

El ciudadano granadino que se quitó a la vida en el propio patio de su casa vivió este proceso. Decidió endeudarse con 240 mil euros en 2007, cuando los bancos españoles llamaban a sus clientes para ofrecerles créditos sin apenas garantías. Decidió firmar el préstamo e hipotecar a cambio sus dos únicas propiedades: el local comercial con el que regentaba su negocio, una papelería de barrio, y su vivienda.

José Miguel Domingo no tenía hijos ni esposa y su único hermano vivía a un lado de su casa, donde también tenía su negocio, una frutería. De hecho, cuando se conoció la noticia de su muerte tanto la gente de su colonia como las redes sociales expresaron su profundo malestar y dolor por una muerte más que hay que atribuir a la crisis, por lo que a las pocas horas de su fallecimiento decenas de personas se acercaron para encender veladoras, rezar o dejarle algún mensaje u homenaje particular.

Horas más tarde, ya entrada la tarde, se llevó a cabo una concentración espontánea, en silencio y con un profundo duelo por la muerte de un hombre desesperado por la deuda con su banco. Tal como ocurrió hace dos años, en el hospital de la localidad catalana de Llobregat, cuando un hombre desesperado que tenía orden de expulsión de su casa, con su hija menor de edad y su esposa, decidió ahorcarse en plena calle. Tenía solo 45 años y sus ruegos al ayuntamiento, a los jueces y a los bancos para que retrasaran la decisión por el frío invernal fueron infructuosos.

Asociaciones civiles, como Stop desahucios o Plataforma de Afectados por la Hipoteca, denunciaron la perversidad del sistema, que condena a la marginalidad a los más golpeados por la crisis mientras desde la Unión Europea y el gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, se destinan miles de millones de dólares para rescatar al sistema financiero, a los bancos y a sus dueños. Nos siguen exigiendo la deuda a nosotros y a nuestros avalistas hasta el fin de nuestros días.