or medio del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el gobierno federal impugnó ayer el amparo definitivo otorgado por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el que se ordena que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuma la figura de patrón sustituto de los electricistas despedidos en forma injustificada tras la intervención policial y el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro decretada por Felipe Calderón.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación anunció que el gobierno federal presentó un recurso de revisión de aquel fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y porfió en el argumento de que la destrucción de LFC se realizó por causal de caso fortuito –eso dijo ayer el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Diener– y que, en consecuencia, resulta improcedente la figura de patrón sustituto.

Se inicia de esta forma un nuevo episodio jurídico –que habrá de ser el definitivo– en el ya largo empeño de la administración saliente por acabar con el SME. Por otro lado, el amparo a esa organización sindical pone en cuestión, así sea en forma implícita, las persistentes afirmaciones del gobierno federal sobre las supuestas causas de fuerza mayor que habrían llevado a la decisión de liquidar a la empresa paraestatal que distribuía energía eléctrica en el centro de la República.

Cabe recordar que la pretendida inviabilidad financiera y operativa esgrimida por el Ejecutivo federal para justificar el decreto de extinción y el asalto policial a las instalaciones de la paraestatal el 11 de octubre de 2009 resultó insostenible ante la enorme cantidad de recursos del erario destinados a concretar esa operación –más de 22 mil millones de pesos–, ante el precio desmesurado que la CFE ha debido pagar a cientos de contratistas por servicios y obras que antes desempeñaban los trabajadores del SME, y ante la opacidad con que se ha manejado el remate de los bienes de la entidad destruida.

En suma, a más de 36 meses del asalto policial a las instalaciones de LFC, es claro que la desaparición de ese organismo y la campaña contra su sindicato fueron dos componentes del mismo designio: generar oportunidades de ganancia a operadores privados, incluso en condiciones de dudoso apego a la legalidad y asestar un golpe mortal a una organización sindical independiente con una historia de décadas de lucha. Cobra especial sentido, así, la decisión de la Secretaría de Energía de reservar el contenido del informe sobre la extinción de LFC, con el argumento de que su difusión podría suscitar actos de violencia y conflicto social.

En la circunstancia presente, y ante la renuencia del gobierno federal a acatar el fallo que le ordena la designación de la CFE como patrón sustituto de los electricistas despedidos, la SCJN tiene la oportunidad de corregir una injusticia cometida durante todo este tiempo contra esos trabajadores y ordenar su recontratación.

Es necesario, por último, que la sociedad demande el esclarecimiento pleno de una medida que significó un severo golpe a la propiedad pública, a la economía del país y al decoro institucional.