Buenos Aires, 25 de octubre. Una fuerte ofensiva del Grupo Clarín con el apoyo de sectores de la oposición, intenta evitar el cumplimiento de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Argentina que puso como plazo el próximo 7 de diciembre para cumplir con los términos de la ley de medios audiovisuales, e incluye una campaña mediática y política antigubernamental con procedimientos que en varios casos afectan la institucionalidad.

La oposición en el Congreso homenajeó ayer a los jueces del Consejo de la Magistratura que debieron presentarse hoy ante la justicia para explicar las graves irregularidades en el nombramiento de magistrados, entre ellos el que debe actuar al vencerse la medida cautelar con la que el Grupo Clarín logró burlar hasta ahora el cumplimiento de la ley, que establece un límite a cada grupo mediatico de 35 por ciento del meraco, diez licencias de aire y 24 por ciento de cable.

La Suprema Corte indicó que el próximo 7 de diciembre vence la medida cautelar que permite al grupo Clarín no cumplir íntegramente la ley sancionada por el Parlamento hace más de tres años para remplazar la antigua norma que regía desde la pasada dictadura (1976-1983).

La medida cautelar apunta al artículo 161 de la ley de medios que obliga a los grupos mediáticos con más licencias que las que permite le ley, a adecuarse a los que indica la norma.

El Grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de TV por cable, 19 radios, también de AM y FM y cuatro canales de televisión abierta lo que configura un monopolio y una cadena nacional ilegal.

De esta manera la justicia se ha convertido en un escenario de batalla entre jueces, muchos de los cuáles aún perduran desde tiempos de las dictaduras y juegan a favor de intereses económicos, a los que han respondido en diversos momentos de la historia local.

Los ocho jueces citados hoy declararon ante la Comisión de Disciplina y Acusación en el marco de la denuncia por irregularidades en designaciones en el juzgado que tramita la ley de medios.

También fue citado el magistrado jubilado Raúl Tettamanti, quien debió renunciar después de haber sido nombrado irregularmente para dictar sentencia en la causa interpuesta por el grupo Clarín, con el cuál está ligado.

Martín Sabatella, dirigente de Nuevo Encuentro un partido de izquierda aliado con el gobierno, es el nuevo titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) -creada por un artículo de esta ley para controlar la aplicación de la misma- advirtió que es un tema transparente y que de lo que se trata es de cumplir una ley aprobada por mayoría en el Congreso y avalada por la Corte Suprema.

Se trata de democratizar la información y de terminar con ilegales cadenas monopólicas, que asfixian la verdadera libertad de información y expresión, señaló Sabatella.

Frente a esta situación, mientras otros grupos ya han presentado sus formas de desinversión, Clarín se niega a cumplir y en ese marco la campaña contra el gobierno y su victimización ante los monopolios mediáticos similares, está creando un tenso escenario en el país. En la reciente reunión de la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Brasil, su directivos decidieron venir a Argentina el 7 de diciembre próximo a apoyar al Grupo Clarín.

"Es evidente que se trata de una injerencia ante los asuntos internos de un país y de la justicia de ese país. ¿Vienen a impedir que se aplique una ley votada en mayoría ?”, se preguntan analistas locales.

Acusaciones, persecución contra funcionarios del gobierno nacional, denuncias sin pruebas, todo vale. Se miente diciendo que no saldrá más el periódico Clarín, cuando nada de esto existe en la ley. Y más aún, si el Grupo Clarín se despoja de todo lo que significa una posición monopólica, seguirá siendo el más poderoso del país, explican funcionarios de AFSCA.

Recientemente hubo acciones de violencia contra periodistas de medios gubernamentales en actos opositores. También se han producido incidentes por parte de grupos violentos ante domicilios de funcionarios oficialistas y aparecen notas difamatorias contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ministros, periodistas y profesionales que defienden la ley de medios.

En tanto, se registra la más fuerte convocatoria de los últimos tiempos para un cacerolazo general el próximo 8 de noviembre y a una "toma" de la Plaza de Mayo.

Esto circula desde hace tiempo y también hay llamados a desobedecer al gobierno. Llaman a juzgar y destituir a la presidenta en términos denigrantes o simplemente con un escueto ”participe que se va”, Son instancias evidentemente golpistas o desestablizadoras.