La minuta de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, promovida por Felipe Calderón, se encuentra a escasa distancia de perder su carácter de preferente, porque el Senado sólo dispondrá de un día (el martes próximo) para validar los cambios aplicados a su articulado en la Cámara de Diputados.

Si fuera el caso que el Senado aceptara la modificación a su documento, éste deberá regresar a San Lázaro para que los diputados ratifiquen el procedimiento. Este escenario es remoto porque no existen condiciones políticas de negociación en la Cámara de Diputados para revalidar la iniciativa de Calderón, sobre todo porque a éste ya se le concede menos influencia política cada día que transcurre.

Así, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 447 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, el dictamen de la minuta que la víspera, en San Lázaro, ya había sido modificada. Siete de sus artículos cambiaron durante el proceso de análisis y dictaminación en la Comisión de Hacienda.

Ayer en el pleno cameral, para su discusión en lo particular, fueron reservados los artículos 8, 9, 69, 73, y el 4 transitorio. De éstos, fueron aprobados el 8 y 9 con 447 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Se desecharon las reservas del 69 y 73 y se retiró la del 4 transitorio.

La modificación al artículo 8, impulsada por Fernando Charleston (PRI), precisa que para establecer que en el caso de que el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) requiera de la participación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, se reserve el derecho de invitarlo con la frecuencia necesaria para contribuir a los trabajos del Conac.

Por lo que hace a la modificación al artículo 9, presentada por Silvano Aureoles (PRD), el texto quedó así: “al analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que someta a consideración el secretario técnico, incluyendo a aquellos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales.

Asimismo para el cumplimiento de las obligaciones que refiere esta ley, los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley destinados a capacitación y desarrollo técnico en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo.

Claridad en las finanzas gubernamentales, el objetivo

El dictamen avalado en lo general y en lo particular indica que con la reforma, la información financiera de los diversos órdenes de gobierno deberá presentarse de forma clara, sencilla y accesible no sólo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general.

Ello con el propósito de cerrar espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objeto de sancionar e inhibir prácticas indebidas. De igual forma, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que le permita involucrarse a profundidad con sus gobiernos y tener capacidad de demandar más y mejores resultados.

También la priísta Elsa Patricia Araujo de la Torre adujo que la reforma parte de una exigencia ciudadana de mayor transparencia de los asuntos públicos y una efectiva rendición de cuentas de autoridades, representantes populares y funcionarios.

Ricardo Villarreal García (PAN) refirió que la falta de transparencia no es exclusiva de algún estado o municipio, sino una práctica casi generalizada, por lo que a través de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental se obligará que exista transparencia.

No podemos seguir siendo testigos de la corrupción y del deterioro de las finanzas públicas en los estados y en los municipios.