El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó para el próximo lunes la resolución de varios amparos interpuestos por empresas de telecomunicaciones, en los que demandan revisar las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en materia de tarifas de interconexión.

El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, ponente de dichos asuntos, pidió unos días más para hacer cambios relevantes en algunos de los puntos pendientes por analizar.

Antes de que concluyera la sesión pública de ayer, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, solicitó a los titulares de la primera y segunda salas suspender las sesiones del próximo miércoles, para que el pleno se aboque a concluir entre lunes y miércoles el tema de las tarifas de interconexión de telecomunicaciones y dos acciones de inconstitucionalidad en materia electoral promovidas por PT y PRD contra los congresos de Oaxaca y Veracruz, por cuestiones de carácter electoral.

Por ahora, los temas cruciales que siguen pendientes en materia de tarifas de interconexión son dos: si la Cofetel puede utilizar un concepto conocido como externalidad de la red, que incrementa los montos de las tarifas pero en teoría financia el costo de llevar el servicio a población de escasos recursos, y si los cobros de telefonía deben hacerse redondeando al siguiente minuto o sólo por duración real de la llamada.

Desde el pasado lunes, la Corte comenzó a abordar cuestiones sobre el tema de las tarifas de interconexión que ya habían sido revisadas en debates de mayo de 2011 y febrero de 2012.

El proyecto de sentencia de Ortiz Mayagoitia, que resuelve un diferendo entre Axtel y Telcel, ya había sido mutilado severamente por sus colegas entre lunes y martes, pero los capítulos que abordan los temas pendientes no fueron modificados antes de la sesión de hoy.

Ayer, el único punto en que se alcanzó a votar por mayoría de siete contra tres fue que la Corte no discutirá si fue legal el modelo de costos utilizado por la Cofetel para fijar las tarifas que Axtel debe pagar a Telcel en el periodo 2005 a 2007, pues ninguna de las empresas lo impugnó expresamente en sus demandas de amparo.