omo si no hubiera sido bastante y excesivo con el aluvión de recortes a los derechos laborales aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores durante el proceso de reformas a la Ley Federal del Trabajo, los propietarios de los grandes consorcios mineros del país lograron que se retirara de los dictámenes correspondientes partes de un artículo (el 343) originalmente incluidas en la propuesta del Ejecutivo y aprobadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, que estipulaba la aplicación de disposiciones de seguridad en todas las minas de la República, y prohibía el trabajo en tiros verticales de carbón a profundidades menores de 100 metros.

La inexplicable alteración que sufrió la minuta enviada al Senado, en donde no se incluyeron las estipulaciones mencionadas, así como la resistencia de las bancadas de PRI, PAN, PVEM y Panal en esta última instancia legislativa a discutir la reincorporación de las mismas, permiten ponderar los alcances del poder indebido que ejercen los consorcios mineros que operan en el país, los cuales han sido sistemáticamente reacios a incorporar condiciones mínimas de seguridad en sus yacimientos; han ocasionado con ello múltiples accidentes mortales en el sector y han podido, a pesar de todo, permanecer impunes.

Un ejemplo obligado de lo anterior es la tragedia ocurrida hace más de seis años en Pasta de Conchos, Coahuila, en donde murieron 65 trabajadores del gremio. Desde el momento en que las autoridades federales renunciaron a su tarea de investigar esos hechos y sancionar a los responsables, se alinearon a los intereses de Grupo México de Germán Larrea, y emprendieron una ofensiva en contra del sindicato minero que continuó durante la actual administración, otorgaron a los empresarios del sector una patente de impunidad, de presión y de chantaje que ha sido utilizada, ahora, para retirar uno de los contados aspectos rescatables de la propuesta de reforma laboral calderonista.

Por lo demás, hay indicios contundentes de que el poder real de las mineras no es ejercido únicamente para garantizar la persistencia de condiciones de trabajo no muy distintas de la esclavitud en sus socavones: deben añadirse, también, las múltiples irregularidades y omisiones que operan en los títulos de concesión de esas compañías, como han documentado organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de deudos de mineros muertos en accidentes, así como las recientes declaraciones del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el sentido de que en esa entidad operan empresarios mineros coludidos con el crimen organizado.

Semejante confrontación de los intereses empresariales con los principios republicanos más elementales y, en última instancia, con la legalidad sólo puede tener un desenlace deseable: la acotación del referido poder fáctico acumulado por los propietarios de grandes consorcios mineros, el establecimiento de regulaciones estrictas que les impidan abusar de la necesidad de los trabajadores; la adopción de mecanismos de transparencia para el otorgamiento de títulos de concesión para operar yacimientos, así como el inicio de las pesquisas correspondientes para esclarecer y sancionar cualquier tipo de actividad ilícita en que puedan estar involucrados esos grupos. Si la autoridad no actúa en esos sentidos estará enviando a la opinión pública una señal inequívoca de debilidad, ineficiencia e irresponsabilidad, y se agudizarán las pretensiones de impunidad de importantes empresarios del gremio, para quienes la ley es un mero formulismo susceptible de ser violentado e incluso borrado.