l Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es un mecanismo creado para la protección de la dignidad humana en las Américas. Las dictaduras que se erigieron en el continente durante las décadas de los sesentas y ochentas realizaron, como se sabe, atrocidades inimaginables. A través del SIDH se ha logrado evidenciar violaciones a derechos que en el pasado se cometieron y que en la actualidad, en democracia, se siguen perpetrando.

Se ha abierto ahora un encendido debate sobre las potencialidades que puede tener o las limitaciones que se le pueden imponer. A principios de este año se dieron a conocer las recomendaciones de un Grupo de trabajo especial de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el fortalecimiento del SIDH, creado en junio de 2011 en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). Debe hacerse notar que estas acciones se efectuaron con poca transparencia y con exigua participación de la sociedad civil.

A inicios de este año se dio también paso a un proceso de consulta para el fortalecimiento del SIDH, que involucró a un más amplio espectro de personas y grupos interesados en el tema. Un buen número de organizaciones de la sociedad civil se han venido pronunciando con preocupación y con reservas en torno a las recomendaciones del grupo de trabajo. Por su parte, los funcionarios del SIDH se han dado cita en diversos países para discutir sobre las posibles maneras de fortalecer sobre todo a la CIDH. A México le tocó ser sede el pasado 14 de septiembre.

La voz de académicos y personalidades de reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos pronto se ha manifestado. Boaventura de Souza Santos, por ejemplo, ha expresado su extrañeza frente a algunas propuestas de diversos gobiernos para modificar las facultades de la CIDH. Se pregunta con inquietud por qué gobiernos que llegaron al poder por la vía popular, dan ahora la espalda a sectores en grave situación de vulnerabilidad de esta región del mundo. La polarización que se da en el debate manifiesta hasta ahora una confusión grave, pues, como señalan distintos analistas, de implementarse las limitaciones al SIDH, indirectamente se podría beneficiar al neoliberalismo, cuyo único interés es hincar sus garras en los pueblos latinoamericanos, despojándoles de todas sus riquezas, su dignidad, su tierra y su historia. A decir del catedrático de la Universidad de Coimbra, e intelectual cercano a la médula del Foro Social Mundial, urge algo fundamental: fortalecer al SIDH con una perspectiva que genere una fuerte opción por las víctimas, sobre todo por las que están en una difícil situación de vulnerabilidad. Sin menoscabo de otros esfuerzos, podemos asegurar que el SIDH es de las últimas instancias que las víctimas tienen para acceder a la justicia y evidenciar en el ámbito internacional los atropellos que comenten los Estados contra la dignidad humana. Si las reformas llegasen a aprobarse el próximo año, como lo sugiere el Grupo de trabajo, las personas quedarían considerablemente indefensas frente a los poderes estatales permeados por el neoliberalismo que, como se ha visto, rebosan cada día de más insensibilidad, y se ven rebasados por la indiferencia ante el dolor de los pueblos que han sido dominados.

El pasado 5 de octubre se cerró formalmente el periodo de consultas sobre los aspectos que se pretende reformar en la CIDH. Lo que abarca temas de promoción, de monitoreo de la situación de los derechos humanos en los países de la región, medidas cautelares, y lo referente a peticiones individuales. Es decir, conocer denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos por parte del Estado. El próximo 30 de octubre se realizará una serie de audiencias en la CIDH para escuchar más puntos de vista sobre el tema.

Boaventura de Souza Santos nos ha advertido que el meollo de la situación está en que los Estados no dejan claro su compromiso con los derechos humanos, y en que de manera indirecta responden de hecho al agresivo neoliberalismo, pues es sabido que todas las violaciones a los derechos humanos están relacionadas con este capitalismo deshumanizante e incompatible con la democracia a la que aspiran los pueblos de América. Se hace así urgente que la OEA conmine a países como Canadá y Estados Unidos a que firmen los tratados internacionales de protección de derechos humanos del SIDH.

De igual forma es importante que se invite a Venezuela a no llevar a término la denuncia de la Convención Americana. Deben por el contrario redoblarse los esfuerzos para que los beneficios sean de las personas y de los pueblos que habitan o transitan por la región de América, y se cuente con ello con mecanismos más efectivos para que los derechos humanos sean respetados y protegidos. Es igualmente importante que todos los Estados que son parte de la OEA fortalezcan económicamente a la CIDH, pues de esa manera se romperá con la dependencia económica que el SIDH tiene con los países del norte. Se eficientaría además un trabajo transparente y comprometido con los derechos humanos. Es preciso discutir con los gobiernos para intercambiar consideraciones que nos llevan a reconocer la importancia de gozar con un sistema regional de protección a los derechos humanos congruente, oportuno e imparcial. No ayuda en mucho que el debate siga polarizándose. Se necesita que todas y todos nos comprometamos en un diálogo más sereno e inclusivo de las diversas posturas, cuidando que no se desproteja al SIDH. Frente a este escenario, es importante seguir acompañando a los pueblos en la defensa de sus derechos, aprovechando las audiencias y espacios que se nos abren para presentar informaciones y denuncias, así como las visitas in situ de sus mecanismos especializados. Y caer en la cuenta que el fortalecimiento del SIDH es necesario para favorecer a los que históricamente han sido vilipendiados.