La fuerza de las corporaciones mineras en el país es tal que lograron presionar para que se eliminaran de la reforma laboral ordenamientos que beneficiaban a quienes trabajan en minas, especialmente de carbón y establecían sanciones mínimas para las empresas que incumplen con las medidas de higiene y seguridad.

De la minuta de esa reforma laboral, que se discutió ya en ambas cámaras y está de regreso en San Lázaro, se borró misteriosamente parte de un artículo en su paso al Senado, donde PRI y PAN votaron en contra de que se reintegrara lo perdido y se establecieran otros ordenamientos para proteger al gremio minero.

Dolores Padierna, senadora del PRD, dijo que el poder de los empresarios del ramo es tal, que les permite frenar leyes y quedar impunes ante los frecuentes accidentes, como el de Pasta de Conchos. Expuso que los principales grupos mineros en el país son 12, seis mexicanos y seis extranjeros, sobre todo canadienses.

Entre 2005 y 2010, detalló, las multinacionales extrajeron recursos por más de 552 mil millones de pesos, pero sólo pagaron al fisco 6 mil 500 millones por derechos, ya que no cubren ningún otro impuesto. Hizo notar que tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata.

Las trasnacionales mineras, sin embargo, dijo, pagan salarios muy bajos en relación con las jornadas de trabajo. Se practica la minería ilegal y las condiciones laborales son muy arriesgadas.

Una de las ramas de la minería mexicana donde se presenta una severa crisis es la del carbón, consistente en la explotación de los llamados pocitos, tiros verticales que miden de 20 hasta más de 100 metros de profundidad, en los que se trabaja bajo alto riesgo.

Las condiciones en esos pocitos son inhumanas y esclavizantes. Por el reducido diámetro de las excavaciones, los mineros deben laborar enganchados más de 10 horas, con escaso equipo de seguridad, ventilación altamente deficiente y sin salidas de emergencia.

No se cumple, expuso, con la norma NOM-032-STPS-2008, de seguridad para explotación subterránea de carbón, de la Secretaría del Trabajo, pero las minas siguen operando porque las inspecciones son muy deficientes y permiten a los empresarios burlar la ley. Es la causa de los frecuentes accidentes donde mueren trabajadores.

Padierna explicó que en la iniciativa preferente que el Presidente envió a la Cámara de Diputados, el pasado 1º de septiembre, se incluyó en el artículo 343 a de la Ley Federal del Trabajo la frase: queda prohibido el trabajo en tiros verticales de carbón.

Los diputados que dictaminaron decidieron enriquecer el artículo, al prohibir también el trabajo en minas conocidas como cuevas o pocitos carboneros, los que no tienen permiso de extracción, ni cuentan con condiciones para proteger a los trabajadores.

En el artículo 343 e establecieron sanciones a los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos mineros que dolosamente o por culpa grave omitan implementar medidas de seguridad.

Si ello ocasiona que el trabajador pierda algún órgano, pero puede seguir laborando, la multa sería de 2 mil veces el salario mínimo (124 mil pesos), y en caso de incapacidad total, de 218 mil pesos.

Otra sanción es de hasta seis años de cárcel y multa de 5 mil veces el salario mínimo cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, y prisión de seis a nueve años y 10 mil veces el salario mínimo cuando los decesos sean en minas de carbón, ya que están prohibidas.

La senadora detalló que, pese a que son sanciones muy light, fueron eliminadas en la minuta que llegó al Senado y la explicación que dieron en la Cámara de Diputados es que, cuando se votó el dictamen había tal desorden que no se supo qué pasó.

En el Senado no fue posible tampoco reintegrar ese capítulo. La propia Padierna propuso las reservas para ello en los artículos 343a, 343b, 343c y 343e, pero PRI y PAN no permitieron ni siquiera que se pusieran a discusión. Nosotros pretendimos reintegrar la prohibición de los tiros de carbón y considerar medidas de protección para todas las minas del país, pero no fue posible.

Por ello y pese a las presiones de las corporaciones nacionales y extranjeras, la fracción del PRD, dijo, presentará otra iniciativa, que incluya los ordenamientos que garanticen la integridad y seguridad de los mineros.