n un comunicado dado a conocer ayer, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fijaron su posición en cuanto al tema de la tierra, el primero que se pondrá sobre la mesa en la agenda que abordarán con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el próximo encuentro del diálogo de paz, que tendrá lugar en La Habana a partir del próximo 15 de noviembre.

En su declaración, la delegación de las FARC que participará en las pláticas de paz criticó el modelo económico que ha generado exterminio de especies, destrucción de tejido social, desarticulación de la economía campesina y desequilibrios ambientales y sociales, y propugnó el derecho social y colectivo a la tierra como parte esencial del derecho a la vida y el derecho de los pueblos libres para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible.

Tales señalamientos resultan positivos por sí mismos, pero también en el contexto de la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado en el país sudamericano, que dura ya medio siglo, por cuanto se articulan con los componentes agrarios que dieron origen a la organización guerrillera más antigua del continente.

En efecto, la persistencia de las FARC, a pesar de las innumerables ofensivas políticas y militares emprendidas contra ellas por los sucesivos gobiernos colombianos desde 1964, no puede explicarse sin la miseria, la extrema desigualdad, las conflictos por tenencia de la tierra y la voracidad depredadora del capital en el agro colombiano. De hecho, la organización tuvo, en sus inicios, en las regiones de Marquetalia y Caquetá, el carácter preponderante de una milicia campesina de autodefensa.

Cinco décadas después, la perspectiva formulada por la representación del grupo guerrillero se inscribe en una agenda compartida por amplios sectores políticos y sociales del mundo y difícilmente podrá ser ignorada por la contraparte gubernamental en las negociaciones de paz en Cuba.

Un asunto que no está expresamente formulado en el planteamiento referido, pero que guarda relación con él, es la necesidad de dotar de tierras a los integrantes de origen campesino de las FARC, medida ineludible para lograr la desmovilización permanente de ese grupo armado. Ello, no sólo en el espíritu de otorgar a los ahora combatientes un medio de subsistencia, sino también porque sería la única manera de garantizar la seguridad de quienes aspiran a ser ex guerrilleros. Es necesario que, más temprano que tarde, el tema sea abordado y resuelto, junto con muchos otros que aún deberán ser zanjados.

En términos generales, cabe esperar que el esfuerzo del diálogo logre abrirse paso hacia la generación de acuerdos que permitan llegar a la paz que los colombianos se merecen.