Puebla, Pue., 29 de octubre. La organización Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) pidieron al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, que por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado emita conclusiones de no acusación en favor del ex comandante Carmelo Castillo Martínez, del municipio de Pahuatlán, quien se encuentra recluido en el penal de Huauchinango, en la Sierra Norte de la entidad.

José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, explicó que a Castillo Martínez se le acusa de robar un automóvil hace cuatro años, pero en realidad el uniformado auxilió en 2009 a dos activistas cuando iban a ser atropellados por Abraham Aparicio, uno de los caciques de la comunidad Atla, municipio de Pahuatlán, quien los agredió por defender el acceso gratuito al agua en ese poblado.

El director del Centro Prodh pidió al gobierno de Puebla no permitir que Carmelo Castillo sea un preso de conciencia más en la entidad, como los indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz –encarcelados en 2009 acusados de robar un vehículo, y que defendían el acceso al agua en Atla–, pues ello implicaría una injusticia.

Como defensores de los derechos humanos, solicitamos que se disponga de todas las facultades que estén a su alcance a fin de que la Procuraduría General de Justicia presente conclusiones de no acusación para Carmelo Castillo, con base en el artículo 232 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del estado de Puebla, acotó Marroquín en la misiva.

El Centro Prodh y Amnistía Internacional consideraron que el fondo de este problema y de las irregularidades en los procesos judiciales contra los indígenas de Atla es que un grupo de caciques controla desde hace cuatro décadas un pozo comunitario.

Marroquín adelantó que el Ministerio Público deberá presentar esta semana las conclusiones sobre la presunta responsabilidad de Carmelo Castillo por un delito que nunca sucedió.