yer, al inaugurar una conferencia internacional sobre prisiones que se realiza en esta capital, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se jactó de la creación de un nuevo modelo penitenciario, supuestamente caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, por un alto nivel educativo de sus empleados y por la privatización de servicios que sería, a decir del funcionario, un freno a la impunidad y una referencia a nivel mundial.

La construcción y modernización de cárceles en el país ha sido una de las actividades más publicitadas en el discurso oficial en este tramo final de la administración de Felipe Calderón y esgrimida como prueba de los éxitos en materia de seguridad pública. En la visión gubernamental, haber ampliado las prisiones federales hasta un total de 21, todas a prueba de riñas, fugas y motines, y haber recluido en ellos a los reos de alta peligrosidad, es indicativo de un avance significativo en la lucha contra la delincuencia y en la consolidación del estado de derecho, y ello permitiría, según dijo a principios de mes el propio Calderón, facilitar la reinserción social de los internos.

Los asertos arriba mencionados, así como la expresión de García Luna de que la prisión representa la protección a los derechos de los ciudadanos, tanto de los libres como de los reclusos, han de ser contrastados con el panorama catastrófico esbozado a finales del mes pasado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, quien señaló que el sistema penitenciario del país atraviesa una crisis por la falta de políticas públicas en la materia.

Aunque el ombudsman nacional no incluyó en su evaluación los penales federales, éstos albergan sólo a una pequeña fracción de los presos en el país: cerca de 40 mil personas, de las cerca de 250 mil que forman la población carcelaria total. De modo que, aun dando por buenos los avances reseñados por el titular de la SSP del gobierno saliente, más de 80 por ciento de los presos sobrevive en condiciones de violencia, corrupción, narcotráfico, tráfico sexual, insalubridad, hacinamiento y toda suerte de atropellos contra sus derechos humanos.

Por lo demás, el impresionante incremento de los procesados y sentenciados por delitos federales durante el sexenio (de 3 mil 164 a 18 mil 283 entre 2006 y 2011, un aumento de casi 500 por ciento) podría considerarse un éxito en la lucha contra la delincuencia si ello se reflejara en una disminución de la inseguridad pública, pero ésta se ha extendido, agravado y multiplicado de forma rotunda en el presente sexenio.

Ello puede indicar que la sociedad está generando más presos de los que encarcela, que muchos de los presos son inocentes, o ambas cosas. De cualquier forma, lo realizado en el curso de esta administración en materia carcelaria no puede ser considerado un éxito, ni en forma aislada ni en el marco de la estrategia de seguridad. Presentarlo así es una muestra más del triunfalismo sin fundamento que ha sido constante del gobierno calderonista.