El grupo llamado Consejeros por el respeto al voto y la legalidad, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), señalaron que la pretensión de dar de baja a los consejeros que no convalidaron la toma del Consejo Universitario por la rectoría, representantes del personal administrativo, técnico y manual, algunos representantes y ex candidatos a dicho órgano constituye un nuevo obstáculo para la restitución de la institucionalidad en esa casa de estudios.

Los ultimátum dados por ese grupo el viernes pasado en el edificio de Eugenia, y el boletín de la coordinación de comunicación, que anuncia que ocho consejeros electos titulares fueron dados de baja del CU de la UACM, no sólo incumplen los acuerdos firmados en Casa Lamm y el proyecto de recomendación de la comisión mixta resolutiva, sino que constituyen un grave desconocimiento de la representación de la mayoría de la comunidad universitaria, indicaron los consejeros en un pronunciamiento.

Recordaron que la crisis institucional comenzó a raíz de la toma del máximo órgano de gobierno, el 22 de agosto pasado. Por lo que siempre reconoceremos a los 22 consejeros universitarios titulares, a sus suplentes y a los cinco representantes del sector administrativo, técnico y manual, legal y legítimamente electos por sus sectores, como integrantes del Consejo Universitario, una vez que éste se constituya y sesione apegado a la norma institucional.

Consideraron imprescindible la observancia del título tercero del Reglamento del Consejo Universitario, que regula las sesiones del pleno, en particular, las sesiones no pueden ser válidas si no se realizan con el quórum legal que se estipula en el capítulo sexto de dicho título, que en estricto apego a la mencionada recomendación habrá de computarse sobre la base de los consejeros no impugnados.

Son pertinentes algunas aclaraciones respecto del presunto nombramiento firmado por el secretario técnico de la comisión de organización del segundo Consejo Universitario: no existe referencia a ningún documento de ese tipo en ninguna norma o reglamento institucional, por lo que carece de toda validez jurídica.

Por su parte, integrantes de la red de estudiantes orozquistas dijeron que propondrán a los consejeros afines a la rectoría convocar una consulta general a la comunidad universitaria, del lunes 12 al miércoles 14 de noviembre, mediante votación libre, directa y secreta, y votación electrónica, para opinar sobre la apertura inmediata de los planteles, posibles sanciones a profesores paristas, la construcción de una agenda académica y aprobación de normas y estatutos que regulen la vida universitaria, para evitar, en un futuro, situaciones similares al paro actual.