Sao Gabriel da Cachoeira, Brasil, 4 de noviembre. La policía federal brasileña investiga las denuncias de 12 niñas indígenas, de entre 10 y 14 años, víctimas de abuso sexual en la ciudad de Sao Gabriel da Cachoeira, en la región amazónica fronteriza con Colombia.

Según informa hoy el diario Folha de Sao Paulo, los testimonios de las niñas acusan a nueve hombres blancos, entre ellos comerciantes locales, un ex concejal y dos militares del Ejército, que les compraron la virginidad por 20 reales (10 dólares), un teléfono celular, ropa de marca o una caja de bombones, o mantienen relaciones con ellas a cambio de dinero. Las madres de las víctimas, agrega el reporte, denunciaron a la policía civil la situación un año atrás, pero hasta el momento ninguno de los acusados ha sido detenido. Por ello, el mes pasado la policía federal asumió las investigaciones.

Las niñas víctimas de abusos pertenecen a las etnias tariana, uanana, tucano y baré y viven en los suburbios de la ciudad, en la cual 90 por ciento de sus cerca de 38 mil habitantes son indígenas.

Una de las niñas, de 12 años, contó al rotativo que vendió su virginidad a un ex concejal, casado y con hijos, con quien negoció por conducto de una prima suya, también adolescente. Otra joven, de 14 años, dijo que fue obligada por un comerciante a tener relaciones con él en dos oportunidades. Después me dio un celular, relató.

Uno de los testimonios más crudos es el de una adolescente de 15 años, quien contó que presenció encuentros sexuales de hombres con niñas hasta de 10 años. Yo vi a las niñas pasar por aquella situación, quedando con las piernas doloridas. Ellos siempre dan dinero a cambio de eso (la virginidad). La joven aceptó dar su testimonio a la policía federal después de ser amenazada por uno de los sospechosos. Él me dijo que si seguía denunciando iría con él a la cárcel. Estoy con miedo. Él hizo eso con muchas niñas menores, afirmó.

Las amenazas de las que son víctimas las niñas fueron confirmadas por familiares y funcionarios del organismo de protección a la infancia, el Consejo Tutelar. Ellos (los acusados) avisaron: si abren la boca vamos a mandar matar, dijo la madre de una de las víctimas.

La religiosa italiana Giustina Zanato, quien preside el Consejo Municipal de Defensa del Niño y el Adolescente, denunció que la justicia local no quiso interferir en el asunto. Fuimos a buscar a la justicia, y nos dijeron que debíamos quedarnos quietitos en nuestro lugar, que eso sucedía todos los días, denunció la misionera de 63 años, vinculada a la Congregación de las Hermanas Salesianas de la Iglesia católica.

Otra dificultad apuntada por Zanato, es que algunas familias de las niñas no quieren renunciar al dinero que los sospechosos les dan a cambio de las relaciones. Son familias desestructuradas, el dinero se convirtió en una seguridad, explicó la religiosa.

El investigador Júlio José Araújo Junior subrayó que los sospechosos tienen cierto poder en la ciudad, lo cual intimida cualquier tipo de denuncia. El mismo obstáculo para investigar fue mencionado por el comisario de la policía civil de Sao Gabriel. Estuvimos 30 días para localizar a cuatro niñas. Sólo una se hizo el análisis del cuerpo del delito para comprobar la unión carnal. De esa forma se torna difícil, ellas mismas dificultan (la investigación), dijo.