n un informe difundido ayer, el banco de inversiones Bank of America-Merrill Lynch previó una desaceleración de la economía mexicana durante los próximos tres trimestres, consecuencia de una disminución en la demanda foránea de manufacturas producidas por el país. De hecho, la institución financiera ponderó una moderación, entre agosto y septiembre pasados, de las exportaciones nacionales, la producción industrial y el crédito a las empresas, elementos que son una buena predicción de la actividad de la economía.

El pronóstico del banco estadunidense respecto de la economía nacional se ve reforzado por elementos de contexto como la preocupación por la crisis de la deuda en naciones de la eurozona; el riesgo de que Estados Unidos se vea forzado a realizar un fuerte ajuste de sus finanzas públicas –como se advirtió en el contexto de la cumbre del G-20 que se desarrolló entre domingo y lunes en esta capital–, e incluso las afectaciones a la economía del vecino país por el paso reciente del huracán Sandy, que se calculan en unos 50 mil millones de dólares.

La economía mundial, en suma, parece dirigirse peligrosamente hacia un nuevo ciclo recesivo, y es lógico suponer que éste no sólo afectará a las metrópolis occidentales en problemas y a sus respectivas poblaciones, sino también a los países menos desarrollados y más dependientes del exterior, como México.

Ante semejante escenario, luce por demás injustificado, y hasta irresponsable, el optimismo manifestado sistemáticamente por el gobierno federal, cuyo titular afirmó ayer, ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que octubre fue un mes histórico en el nivel de empleos creados. La declaración es motivo de crítica no sólo por su vaguedad –pues no fue acompañada de dato oficial alguno–, sino también porque refleja una actitud omisa y autocomplaciente que recuerda inevitablemente el desempeño mostrado por la propia administración calderonista ante los primeros indicios de la crisis financiera de 2008-2009: en aquel entonces, el empeño del grupo gobernante por presentar la crisis en ciernes como un catarrito se erigió en un lastre fundamental para afrontar dicha coyuntura, en la medida en que limitó la intervención del Estado y propició un aumento considerable en la pobreza, la marginalidad y el desempleo.

Por desgracia, esa tendencia a minimizar la dimensión de los problemas económicos y las debilidades estructurales que acusa nuestro país en la materia ha sido una constante a lo largo del sexenio que está por concluir. Hoy, cuando los ribetes recesivos vuelven a aparecer en el horizonte, resulta improcedente que el discurso oficial insista en escudarse en la pretendida estabilidad macroeconómica del país: ésta, a fin de cuentas, vuelve a mostrarse vulnerable ante los vaivenes económicos internacionales, y la administración saliente fue omisa en aplicar medidas pertinentes y necesarias para corregir esa circunstancia, como la disminución de la dependencia económica de México hacia la nación vecina, la reactivación y fortalecimiento del mercado interno, el manejo eficiente del gasto público y la aplicación de una política fiscal progresiva, que termine con los privilegios injustificables de los grandes capitales.