l pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo particular y en lo general el dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo que había sido previamente devuelto a San Lázaro tras su modificación en el Senado, y que tuvo origen en la iniciativa de carácter preferente presentada por el Ejecutivo a principios de septiembre. Durante dicha votación el Partido Acción Nacional mostró un viraje en sus posturas de apoyo –manifestadas en el Senado– a los contenidos de la reforma relacionados con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos, y votó, junto con el Revolucionario Institucional, modificaciones que dejaron fuera de la reforma el voto libre, directo y secreto como mecanismo para la elección de las dirigencias gremiales (artículo 371), así como la obligación de éstas de rendir cuentas sobre el manejo de las cuotas y patrimonio de los trabajadores (artículo 373).

Por lo que hace a las estipulaciones que concedían a los asalariados el derecho de conocer el contenido de sus contratos colectivos antes de firmarlos (artículos 388 bis y 390), propuestas por los partidos de izquierda, fueron rechazadas por la mayoría legislativa integrada por el PRI, el PAN y el PVEM y Nueva Alianza, y quedaron eliminadas de la minuta que regresará al Senado para su ratificación final.

Con la luz verde legislativa de ayer se consumó, en suma, un nuevo golpe a los derechos y conquistas de la sociedad en general, y de los trabajadores en particular, así como al avance democrático del país. Por añadidura se exhibió en toda su crudeza la fractura creciente entre la clase política y los ciudadanos a los que dice representar: la mayoría legislativa integrada por tricolores y blanquiazules en ambas cámaras ratificó disposiciones gravemente lesivas para los asalariados y favorables a los patrones: el pago por hora, la proliferación de los contratos a prueba, el abaratamiento del despido, entre otros aspectos de la llamada flexibilidad laboral; y rechazó, en cambio, los únicos puntos positivos de la reforma: los que habrían otorgado a los trabajadores mejores condiciones para pugnar por la democratización de sus organizaciones sindicales.

La decisión de dejar intactas la antidemocracia y la opacidad que prevalecen en la mayoría de los gremios y de consumar al mismo tiempo el atropello a los derechos laborales confirma la persistencia de una coalición partidista de facto que ha gobernado al país, formada desde 1988 por PRI y PAN y a la que se han sumado posteriormente, como socios menores, el Verde y Nueva Alianza. Aunque los socios de ese frente muestren fisuras coyunturales por disputas de posiciones de poder, se encuentran de acuerdo en lo fundamental: la continuidad del proyecto económico neoliberal aplicado en el país desde hace más de cinco lustros.

Dicha coincidencia, que se ha expresado previamente en episodios como la aprobación del fraude del Fobaproa/IPAB, la privatización de los sistemas de pensiones, el traslado paulatino de la industrias eléctrica y petrolera a manos de particulares y los recurrentes aluviones impositivos, volvió a ponerse de manifiesto ayer, con la aprobación de una reforma que beneficia a unos cuantos –empresarios y burocracias sindicales, fundamentalmente– y perjudica a los sectores mayoritarios del país.