ada mejor para analizar la política alimentaria del gobierno de Calderón que la manera como se ha venido manejando todo el proceso de acopio y de comercialización de la cosecha de frijol del ciclo primavera-verano 2012.
Luego de que la cosecha de la leguminosa en 2011 fue anormalmente baja, debido a la sequía, la producción del ciclo primavera-verano de este año es mejor, aunque todavía por debajo de los promedios anuales y de la demanda nacional. Sin embargo, el gobierno federal y los principales compradores mayoristas de frijol inflan los datos sobre el volumen de la cosecha y llegan a estimar que se produjeron hasta 600 mil toneladas, cuando las organizaciones de productores y los gobiernos estatales de las entidades productoras, como Zacatecas, Durango y Chihuahua, calculan que dicha producción disponible para comercializar apenas si llegará a 430 mil toneladas, una vez restados los volúmenes orientados al autoconsumo y a la semilla. De esta manera no se podrá cubrir ni 50 por ciento del consumo nacional aparente, que es de más de 878 mil toneladas anuales.
La diferencia en el cálculo del tonelaje producido no es inocente: a mayor producción, menor precio que se paga al productor. Además, el hecho de que la mayor parte del frijol para el consumo nacional salga de un jalón en esta época del año, da bases para que los especuladores busquen generar la percepción de que hay mucho frijol en el mercado, cosa que les favorece pues pueden ofrecer bajos precios al productor.
Otra cuestión que va en detrimento de productores y a favor de intermediarios es el financiamiento para la compra de la cosecha. Un puñado de grandes comercializadores y distribuidores de frijol, asentados más que nada en los mercados de abastos del DF, Monterrey y Guadalajara, tienen acceso privilegiado a los créditos de las instituciones financieras oficiales como la Financiera Rural; además cuentan con generosas líneas de crédito de la banca privada. Esto les permite llegar de inmediato con el productor primario y ofrecerle pagos de contado o de corto plazo, que el productor se verá obligado a aceptar, así sea a precio muy bajo, por los compromisos y deudas que tiene que pagar.
En cambio, las pequeñas empresas comercializadoras campesinas tienen enormes dificultades para acceder a créditos que les permitan comprar la cosecha a los productores. En general no están capitalizadas, luego la Financiera Rural establece precios de referencia demasiado bajos para otorgar créditos para la compra del frijol y sólo presta para adquirir hasta 60 por ciento de las cosechas. Como los productores campesinos no tienen acceso a otros créditos bancarios, no pueden llegar con la presteza de los acaparadores hasta el campo y pagarles aunque sea un pequeño adelanto a los productores, por más que estén dispuestos a pagarles un precio justo por su grano. Así la mayor parte de la cosecha va a parar a los coyotes, sin que el Estado haga nada para apoyar eficazmente vías alternas y efectivas de financiamiento y de comercialización.
Si las cosas se dificultaran porque los productores primarios no quisieran soltar su cosecha a bajo precio, los grandes distribuidores no tienen más que acudir a la frontera e importar frijol estadunidense, al principio en moderadas cantidades, sólo para no acudir al frijol mexicano y obligar a que los productores bajen sus precios.
De esta manera, la acción conjunta de los grandes acaparadores y del gobierno federal está contribuyendo a que el kilo de frijol, por el que los consumidores tuvieron que pagar hasta 32 pesos casi todo este año, ahora lo paguen los coyotes al productor primario hasta en siete pesos. Pero como la cosecha no será suficiente para cubrir el consumo nacional, una vez en las bodegas de los especuladores, el grano volverá a subir de precio, no para los productores, sino para los consumidores finales. Total, que para los extremos de la cadena, es decir, los productores y los consumidores, el juego, a pesar suyo, será perder-perder, y para los intermediarios, apoyados por el gobierno, ganar-ganar.
Por eso el domingo pasado en Zacatecas, varias organizaciones campesinas, como la CNPA, El Barzón, la ANEC y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, celebraron la Convención Nacional de Frijoleros. Ya no están dispuestos a que el Estado se siga desafanando de la producción campesina de alimentos, ni del suministro de granos básicos a precios asequibles a los consumidores. Van a exigir al gobierno federal y van a realizar movilizaciones a fin de que el precio de referencia del frijol para el productor sea de 15 pesos y que para el consumidor no exceda los 22 pesos, es decir, cuando menos 8 pesos más barato de lo que se vendió en 2012; van también a demandar a Financiera Rural que se habilite a las comercializadoras campesinas con créditos baratos, suficientes y oportunos para acopiar las cosechas de los productores, así como que se suspendan las importaciones .
Por el bien de los consumidores mexicanos y de los propios campesinos es importante que las demandas y las acciones de esta convención de frijoleros tengan éxito. Sólo así se podrá romper la lógica de hierro de la política alimentaria neoliberal: cuando el gobierno debe intervenir, no interviene, y cuando interviene lo hace a favor de los muy ricos.
