La comisión anticorrupción de Enrique Peña Nieto tiene propuestas originales y elementos positivos que generan amplias expectativas, como la autonomía que tendrá respecto del Ejecutivo federal y la ampliación de sus competencias, que pasan del ámbito federal a los gobiernos locales y a los tres poderes de la Unión.

Sin embargo, tiene limitaciones al percibir la corrupción como un problema de personas, cuando es el sistema el que la genera, aunado a que persisten lagunas, como en la designación de comisionados, ya que no señala cómo evitar nombramientos por cuotas y existe el riesgo de privilegiar designaciones politizadas por los partidos y no por la honorabilidad y los méritos personales de los comisionados.

Advirtieron lo anterior, por separado, el especialista en derecho administrativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Roldán Xopa, y el director de Gestión Social, Alejandro González, asociación especializada en evaluar el desempeño y la rendición de cuentas de las políticas y programas de la administración pública federal.

En entrevista con La Jornada, los especialistas advirtieron que es necesario realizar un debate sobre los atributos que tendrá la comisión, a la cual no se le puede dar apoyo acrítico; se requiere un análisis y la difusión de aspectos pendientes por desarrollar, entre ellos el de la legislación secundaria; el método para la designación de comisionados, de manera que se evite su politización; los estándares de actuación que permitan un sistema anticorrupción más preventivo que sancionador, así como lograr una visión integral de las instituciones y organismos encargados de la vigilancia en el uso y manejo de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Ambos coincidieron en señalar que la creación de la comisión parte de un diagnóstico adecuado, en tanto que existe mucha evidencia de la magnitud de los niveles de corrupción en el país y la poca capacidad e insuficiencia para entregar buenos resultados.

González apuntó dos aciertos en la propuesta: crear una instancia autónoma del Ejecutivo federal –lo cual no ocurre en la Secretaría de la Función Pública, que depende del presidente en turno– y quitarle al Ministerio Público Federal (MPF) el monopolio sobre casos vinculados con la corrupción, a los cuales veía como minucias, por ser prioridad el combate al narcotráfico.

Roldán indicó que la comisión tiene atribuciones para sancionar y realizar investigaciones, sin pelearse con el MPF, además de ser una especie de antibiótico de amplio espectro, al abarcar a la Federación, los estados y los tres poderes de la Unión”.