Una de las formas de ejercer la libertad es decirle a los poderosos lo que no quieren oír, como que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no cumplió con su deber constitucional de investigar y revisar a fondo las quejas sobre irregularidades en el pasado proceso electoral federal. Declarar la validez de los comicios fue una desvergüenza, afirmó Bernardo Bátiz.

Al instalar el Tribunal Electoral Popular (TEP), iniciativa de activistas de izquierda, el abogado y ex procurador general de Justicia del Distrito Federal señaló que los magistrados del TEPJF se fueron con sus compromisos, lo que explica que en lugar de indagar fueron desechando con argumentos leguleyos las denuncias sobre las anomalías e ilícitos que se presentaron durante la campaña y los comicios, que al final beneficiaron al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

A partir de ayer y hasta el próximo jueves, el TEP hará una revisión integral de las elecciones, las irregularidades denunciadas e integradas en el juicio de nulidad promovido por los partidos de izquierda, y recabará los testimonios y evidencias con que cuente la ciudadanía, que no fueron tomados en cuenta por los magistrados.

La recepción de denuncias y testimonios estará abierta desde el mediodía de este viernes en la sede de la Fundación Heberto Castillo, ubicada en la calle de Viena, número 34, Coyoacán.

Se trata, subrayó Bátiz, de evitar que la sociedad se olvide del atropello cometido por las autoridades electorales. No lo vamos a permitir. Debemos tener la memoria clara. Aunque el daño está hecho, será mayor si se permite que lo escondan, apuntó.

Para eso servirá el trabajo del TEP, cuya actuación se rige por lo estipulado en el artículo 39 de la Constitución, el cual señala que la soberanía radica en el pueblo y nosotros somos parte del pueblo y no nos vamos a quedar callados, señaló Bátiz, también colaborador de La Jornada.

A la instalación del TEP asistieron, además de Bátiz, Magdalena Gómez Rivera, Jesús Martín del Campo, Héctor Vasconcelos, Jesús González Schmal, Abel Barrera y Rafael Barajas El Fisgón, quienes rindieron protesta de sus cargos y se comprometieron a dar a conocer su fallo el jueves 22 de noviembre.

En esta tarea también participarán la escritora Elena Poniatowska, Enrique Semo, Virgilio Caballero y Carlos Pellicer.

Las denuncias se clasificarán en cinco temas: la presunta parcialidad de los medios de comunicación durante el proceso electoral; los informes sobre coacción y compra del voto; el monto de los gastos de campaña y el origen de los recursos; la presunta manipulación y manejo político de las encuestas, y las irregularidades detectadas en el padrón, la recepción y el conteo de votos.

Bátiz recordó que de cada asunto ya existen evidencias, que fueron presentadas por el Movimiento Progresista en el juicio de nulidad, el cual fue desestimado por los magistrados. Por eso, apuntó, los que defienden el sistema hablan de una verdad legal y una sentencia (del TEPJF) inapelable, pero en realidad es parte de la escenografía para justificar unas elecciones fraudulentas.

El abogado Jaime Cárdenas fue el primero en acudir al TEP para dar cuenta del juicio de invalidez 359/2012 interpuesto por el Movimiento Progresista ante el TEPJF. Hizo una amplia exposición del expediente, que abarca los cinco temas propuestos por el Tribunal Electoral Popular.

También se presentó Pedro Torres, presidente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, para dar su testimonio de cómo operó el PRI, desde el gobierno del estado, para convencer a los electores de que debían votar por Enrique Peña Nieto.

Dijo que hubo una movilización de recursos económicos hacia las comunidades rurales, promesas de solución a problemas y realización de obras públicas, aunque no todas se concretaron. Los presidentes municipales recibieron indicaciones de que, cómo sea, aseguraran el triunfo del PRI. Esto explica en parte, señaló, la elevada votación en favor del tricolor en las zonas rurales, donde también se presume que hubo intervención del crimen organizado.