Los escapularios en el cuello lo confirman antes de que lo diga: creo en Dios porque me cuida, él me ayuda para despertar diario.

Así contesta Ermelinda cuando se le pregunta si tiene miedo de vivir en la calle.

Desde que tenía nueve años llegó de Pachuca al Distrito Federal y nunca más durmió en una casa.

Ahora con 22 años expresa: Sí, soy de la calle, aquí es mi casa, pero no había de otra, era eso o morirme.

Ella vive en uno de los accesos de la estación Juárez del Metro, es una de los 30 jóvenes que el pasado 31 de agosto fueron desalojados de la calle Artículo 123.

Como nos ven mugrosos, piensan que no somos personas, todos somos iguales, todos tenemos derechos, ¿no?, afirma.

Luego de ser retirados de la calle ubicada en la delegación Cuauhtémoc, algunos jóvenes comenzaron a reunirse en las inmediaciones de la Alameda, la calle Morelos y la estación Juárez del Metro, éstos últimos denunciaron ser abordados hasta dos veces al día por policías y personal de protección civil, quienes les exigen que se retiren del espacio, a lo cual comentaron: nos vamos un rato y volvemos, no se vayan a pasar de lanza y regresen a pegarnos.

A la fecha se desconoce el paradero de algunos hombres y mujeres que pernoctaban en Artículo 123, tampoco se sabe quiénes fueron las personas que a bordo de dos camionetas y un automóvil, llegaron la madrugada del 31 de agosto a golpearlos, según versiones de vecinos y de los propios jóvenes.

El Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), incluso, explicaron, ha dejado de visitarlos, situación cotidiana cuando dormían en dicha calle.

Hoy esa vía permanece en obra y está acordonada por cintas de plástico donde resalta el nombre: Autoridad del Centro Histórico. No hay para cuando terminar, dijeron trabajadores en el lugar, se tuvo que levantar la banqueta porque estaba muy apestosa, agregaron.

Primero, reconocer los derechos

Actualmente los programas dirigidos a personas en situación de calle sólo son temporales y asistenciales, pero no integrales, toda vez que no incluyen el reconocimiento de sus derechos y la creación de un proyecto para evitar que la gente muera en la vía pública por consumo de drogas y no sólo por frío, sostuvo en entrevista Luis Enrique Hernández Aguilar, presidente de la asociación civil El Caracol.

Las poblaciones callejeras, agregó, están sujetas a desalojos forzados, con lo que se demuestra que la política pública en el DF está muy ligada al tema de la criminalización.

Hoy día, explicó, el protocolo para la atención de estas personas que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred-DF), no cumple con el programa de derechos humanos, pues no habla de trabajo, de un proyecto para otorgar identidad legal (acta de nacimiento, credencial del elector), ni de espacios de vivienda adecuados y además, no promueve la participación activa de la población callejera en la mejora de sus condiciones de vida.

El paradigma, subrayó, se queda en la criminalización, entonces se les responsabiliza de su estancia en la calle, cuando la gente no está ahí porque la banqueta sea más blandita que una cama.

El activista advirtió que mientras el Gobierno del DF no reconozca los derechos de la población callejera persistirán los casos de limpieza social. Las autoridades seguirán haciendo programas a corto plazo, como la campaña de invierno, el protocolo que plantean y la gente continuará en las calles.