n días pasados, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron la creación urgente de un fondo para rescatar a estados y municipios agobiados por las deudas que en su mayoría contrajeron en el curso del año que está por terminar. Ciertamente, en los momentos actuales diversas entidades y ayuntamientos como el de Acapulco enfrentan problemas severísimos por falta de liquidez.

En seis años, el gobierno de Tabasco incrementó la deuda de 400 millones a 10 mil millones de pesos; Nuevo León debe 36 mil millones; Veracruz, 22 mil millones; Michoacán, 38 mil millones; Chiapas, 40 mil millones; Coahuila, 33 mil millones. Los ejecutivos de las primeras cuatro entidades se plantean emprender planes de austeridad y piden restructurar su deuda mediante la creación de fondos de contingencia. La deuda total de las entidades federativas es de 360 mil millones de pesos. Se habla, pues, de una suma comparable en magnitud a la invertida por el gobierno zedillista para cubrir y encubrir los desfalcos causados por banqueros y empresarios (56 mil millones de dólares), y que desde entonces (1998) ha lastrado gravemente el desarrollo y las finanzas nacionales.

Debe señalarse, por principio de cuentas, que la inversión y el gasto de los recursos correspondientes distan de haberse efectuado con plena transparencia y que un rescate a cargo del erario federal –es decir, con fondos que pertenecen a la nación– tal vez sea inevitable, pero sólo podría justificarse después de una investigación contable exhaustiva en la que se establezca qué porcentaje de los faltantes financieros fue empleado en forma legal y cuánto de eso fue desviado, dilapidado o, simplemente, robado. De esa investigación debería derivarse otra clase de pesquisas, de orden judicial, para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales de diversos funcionarios en este nuevo desfalco.

Por otra parte, no puede dejarse de lado el hecho de que el grueso de las deudas contraídas por las administraciones estatales y municipales fueron contratadas en 2011 y 2012, es decir, en los meses previos a las elecciones federales de julio pasado, señaladas por el reparto masivo de dinero y bienes en especie a gran escala entre los votantes, y por el repunte de la inversión en programas sociales de claro tinte electorero, tanto federales como locales. Investigar la posible conexión entre el endeudamiento de los estados y las campañas proselitistas resulta impostergable desde una perspectiva republicana y de salud pública.

Finalmente, la crisis de endeudamiento de los estados ofrece a la administración federal entrante una oportunidad irrepetible para legitimarse y dar una mínima verosimilitud a los propósitos de transparencia, honestidad y rendición de cuentas que ha enunciado. La investigación de los agujeros financieros, la recuperación por la vía judicial de una parte significativa de los recursos faltantes y la imputación penal de los funcionarios responsables de causarlos daría motivos a la sociedad para creer que el adjetivo nuevo es algo más que un recurso retórico del priísmo.