La descentralización de los servicios educativos en el Distrito Federal sólo sería benéfica si se reforma la Ley General de Educación, con el fin de que los estados no estén facultados únicamente para controlar sus recursos, sino para intervenir en los aspectos pedagógicos; de lo contrario se tratará sólo de una medida política, afirmaron especialistas.

Luego de que el administrador federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez, señaló que al Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, no le interesó la descentralización del sistema en el ramo –que atiende a poco más de un millón 750 mil alumnos de enseñanza básica– y que para su sucesor, Miguel Ángel Mancera, tampoco es una prioridad, los especialistas aseguraron que hay factores políticos y económicos que han obstaculizado el proceso.

En entrevista, Carlos Muñoz Izquierdo, catedrático de la Universidad Iberoamericana y experto en el sistema educativo nacional, destacó que el Distrito Federal no es una entidad que goce de total autonomía, como ocurre con otros estados, y se podría desprender que no procede descentralizar un servicio financiado por el gobierno federal.

Intentos infructuosos

Sin embargo, aclaró que durante los primeros años de este sexenio Ebrard hizo varios intentos que resultaron infructuosos para que la federación le transfiriera el control y el financiamiento de la educación, por lo que dijo que no le parece suficientemente sustentada la opinión de que el gobierno local se ha negado a las descentralización educativa.

Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, indicó que la descentralización del sistema educativo del DF –el cual está integrado por 8 mil 663 centros escolares y más de 84 mil 500 docentes de prescolar, primaria y secundaria– es un proceso, a diferencia del resto del país, no se inició en 1992, quizá por su carácter peculiar, al no tener el estatuto de entidad.

Consideró que con la nueva administración capitalina, encabezada por Mancera, quien ha propuesto crear una constitución para el DF, y así dar el estatuto de ciudad capital, puede implicar volver a analizar la posibilidad de descentralizar el sistema educativo.

Agregó que si esto es posible, es momento, al igual que con el resto de las entidades, que el DF se haga cargo de sus servicios educativos y que asigne recursos adicionales a los fondos federales para tener un mejor sistema formativo.

En cuanto a los factores que han impedido este proceso, hizo énfasis en que se podría plantear como hipótesis que la descentralización de los servicios educativos transfiriera al DF una cantidad considerable de dinero que, sin duda, fortalecería notablemente el peso político del gobierno local, lo cual, evidentemente, no estaría bien visto por el gobierno federal.

Además, apuntó, hay indicios de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su dirigente, Elba Esther Gordillo Morales, no han estado dispuestos a depender del gobierno local respecto del manejo de plazas y otros recursos.

Otro factor, indicó, es que el gobierno federal podría dudar de la capacidad técnica de la administración capitalina para administrar los recursos.