En la propuesta de Enrique Peña Nieto para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y trasladar el control de la Policía Federal (PF) a Gobernación no hay ninguna vuelta al pasado, ni se abre la posibilidad de restaurar una policía política como lo fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), afirmaron anoche el coordinador jurídico y el vocero de la oficina del presidente electo, Felipe Solís Acero y Eduardo Sánchez.

Estamos más frente a un fantasma que a una realidad. No hay ni medio renglón que haga posible la redición de la Federal de Seguridad o de una policía política, expuso Solís Acero en conferencia de prensa, después de una reunión de tres horas y media con diputados de la Comisión de Gobernación. No existe ninguna posibilidad de que este cambio atemorice a nadie. Los únicos que deberán atemorizarse, y con razón, serán los delincuentes, secundó Eduardo Sánchez.

El encuentro se programó este lunes, a pesar del asueto, debido a que el presidente de la comisión, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), citó para hoy a la junta directiva. La intención es que el dictamen se presente a votación el jueves, para que el Senado lo avale a más tardar el martes y que, en un acto de cortesía, Felipe Calderón la promulgue el miércoles para que Peña Nieto asuma el primero de diciembre ya sin la SSP y con Gobernación fortalecida.

Solís Acero insistió: Ahora hay un contexto de exigencia, de la vigencia de poderes públicos y autónomos que ejercen facultades con plena independencia. No hay un Legislativo obsecuente con el Ejecutivo; la Corte ya no puede ser obsequiosa, y hay organizaciones sociales que hacen impensables actos de desvío de poder contra las personas.

Refirió que durante el encuentro, diputados expresaron su preocupación respecto de que al contar con nuevas atribuciones, también se regrese al modelo de policía política que operó en los 60 y 70. Les respondí que no hay en la propuesta, en la redefinición de atribuciones de Gobernación en el artículo 27 de la Ley Orgánica, ni medio renglón que haga posible la redición de agencias como la DFS, ni de ninguna otra que tenga que ver con policía política, dijo.

La propuesta considera, amplió, que la estructura de la PF tiene mejor cabida en Gobernación, porque es evidente que si bien hubo avances en este sexenio, el diagnóstico en materia de seguridad es que donde hubo fallas fue en la coordinación. Así que, expuso, en el traslado del mando no hay intencionalidad política.

Interrogado respecto de si en el actual gobierno fallaron las tareas de inteligencia, Solís Acero explicó que si bien se mantiene la estructura del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se propone hacer obligatorio para todas las dependencias entregarle información de seguridad y administrativa. Ésta, acotó, se utilizaría con el propósito de combatir la criminalidad, no con fines políticos; se usará para coordinar y concentrar información que permita que la estrategia contra el crimen organizado sea integral y tenga sentido.

En un comunicado, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, dijo que la iniciativa tiene por objeto cambiar de fondo lo que no funcionó como se esperaba. La reforma, amplió, busca que el nuevo gobierno cuente con la base administrativa e institucional que le permita instrumentar sus políticas públicas y por esa vía alcanzar sus objetivos. Resaltó que no se trata de una reforma cosmética, porque modifica la composición de secretarías como Gobernación para elevar las capacidades y alcances del gobierno y rendir mejores resultados.