La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la empresa Península Maya Developments en contra de la demanda que presentaron en 2009 nueve ejidatarios que se oponen a la construcción del desarrollo turístico La Ensenada en la Isla de Holbox, Baja California.

Por mayoría de tres votos contra uno, los ministros resolvieron ayer devolver la demanda a un tribunal para que éste emita una nueva resolución.

La decisión deja sin efecto el dictamen del tribunal agrario, de junio de 2010, que favorecía a los ejidatarios para que recuperaran sus tierras.

Los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar consideraron innecesario revisar la constitucionalidad del artículo 84 de la Ley Agraria, que se refiere al derecho de tanto, el cual prevé el derecho de preferencia para la adquisición de las parcelas ejidatarias, pago de años y perjuicios, pero no la nulidad de la venta o contrato de compraventa. El ministro Fernando Franco votó en contra.

Una hectárea de los terrenos ejidales de Holbox –constituido en 1938 con 8 mil 860 hectáreas– en 2007 se cotizó en un millón 200 mil dólares (alrededor de 15 millones de pesos).

Algunos ejidatarios recibieron 5 millones de pesos por sus parcelas. Tras la venta de los terrenos, nueve de ellos quieren recuperarlos, otros 65 ya fueron liquidados y 40 no se interesaron en vender.

En 2005 llegó a la isla el empresario Fernando Ponce, quien se convirtió en asesor del ejido, donde mediante un contrato de servicios profesionales los pobladores le pagaron con 718 hectáreas por diversos servicios prestados.

En enero del año siguiente acordó con alrededor de 70 ejidatarios la incorporación de las tierras al Fideicomiso para el Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, que constituyó junto con su yerno Ermilo Castilla con la promesa de que las vendería al mejor precio del mercado, no menor a 2.5 millones de pesos, y los ejidatarios inicialmente obtuvieron 250 mil pesos.

En octubre de 2007 el empresario y su socio constituyeron la empresa Península Maya Developments. Un año después JP Morgan, el banco fiduciario a cargo del fideicomiso ejidal, acordó con esta empresa la venta de los terrenos en 2.8 millones de pesos; posteriormente, un posesionario en la isla vendió sus parcelas en 1.2 millones de dólares, en diciembre de 2007.

Parcelas similares a las de los ejidatarios fueron vendidas en casi cuatro veces más de lo que Ponce pretendió pagar a los lugareños, según la demanda de los quejosos.

En 2009 los nueve ejidatarios emprendieron un juicio para pedir la nulidad de la aportación de sus parcelas al fideicomiso. Esto se dio a partir de que los hijos se inconformaron por esa operación. En junio de 2010, el Tribunal Agrario resolvió la nulidad del contrato de aportación de las parcelas al fideicomiso y la venta de las parcelas a Península Maya, con lo que los ejidatarios recuperarían sus tierras.