Las omisiones y la pasividad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) incidieron en el desarrollo de los comicios de 2012, y la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lapidó los principios constitucionales, al negarse a ver más allá de las pruebas para valorar los indicios de irregularidades del proceso, por lo cual son sujetos de juicio político en el Congreso, así como de una investigación penal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Así lo resolvió el Tribunal Electoral Popular (TEP), constituido por ciudadanos que no estamos dispuestos a hacer como si no pasara nada y quedarnos cruzados de brazos cuando las autoridades no cumplen con su deber.

Órgano de acusación

El organismo –que durante una semana recibió y analizó las pruebas presentadas por ciudadanos y organizaciones civiles en torno a las anomalías reportadas antes y durante los comicios federales del pasado primero de julio– emitió ayer su fallo, el cual fue dado a conocer por el abogado Jesús González Schmal.

Indicó que los miembros del TEP promoverán entre legisladores de izquierda que adopten como propia esa resolución y promuevan ante la Cámara de Diputados las acusaciones contra consejeros y magistrados electorales, con el fin de que esa instancia legislativa se constituya como órgano de acusación para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Luego, la resolución se turnará al Senado, en su carácter de jurado de sentencia.

Respecto de la denuncia penal, el fallo del Tribunal Electoral Popular se llevará ante la PGR, con el fin de que se tome como denuncia de hechos y con el acervo probatorio que ya existe en el IFE y el TEPJF se abra la averiguación previa.

La procuraduría, dijo González Schmal, deberá cumplir su obligación de procurar justicia y defender la vigencia plena del derecho y el orden constitucional.

A la lectura de la sentencia del TEP –presentada en el Club de Periodistas anoche– asistieron, además de González Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos, Abel Barrera, Carlos Pellicer y Rafael Barajas, El Fisgón, en representación del organismo en el que también participan Elena Poniatowska, Enrique Semo, Jesús Martín del Campo, Virgilio Caballero, Magdalena Gómez y Jorge Eduardo Navarrete.

El documento de 19 páginas da cuenta de la actuación lenta y pasiva de los consejeros del IFE al hacer caso omiso de la solicitud hecha en enero de 2012 por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista, con el fin de que el instituto adoptara medidas que garantizaran la equidad.

El IFE contestó más de cuatro meses después, sólo para desestimar los riesgos que advertía el candidato de la izquierda de que hubiera adquisición indebida de espacios en medios de comunicación por parte de terceros, partidos, precandidatos y candidatos.

Tampoco reconoció la necesidad de adoptar medidas para evitar la compra y coacción del voto, ni para llevar un control efectivo sobre la contabilidad y registro de los bienes que como propaganda se distribuían en las campañas.

De igual forma, rechazó la realización de auditorías durante la campaña sobre los recursos de los partidos políticos, con el fin de verificar su origen y destino.

En tanto, los magistrados del TEPJF dejaron de ejercer su facultad de órgano supremo y con eso aportaron el dato para la historia negra de México, señaló González Schmal.

Aunque el TEPJF tenía la facultad constitucional para investigar las denuncias, nunca hizo un esfuerzo por abrir los ojos y ver más allá de las pruebas presentadas. No hicieron el esfuerzo de hacer lo que hace todo juez: buscar la verdad infiriéndola de lo que se conoce.

En lugar de eso, resolvió que la coalición Movimiento Progresista, que reclamó la nulidad de los comicios, no presentó las pruebas de la adquisición encubierta de publicidad en medios de comunicación en favor de la imagen de Enrique Peña Nieto, del uso indebido de las encuestas como forma de propaganda electoral y del financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex, así como del uso de recursos para la compra de voto mediante tarjetas de las tiendas Soriana, entre otras anomalías.

Consejeros y magistrados juraron guardar y hacer guardar la Constitución y no lo hicieron, por lo cual la nación los demanda, concluye la sentencia.