El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, informó que casi 500 agentes migratorios han sido cesados por reprobar las evaluaciones de control de confianza, lo que representa 10 por ciento de la plantilla del Instituto Nacional de Migración (INM).

Aseguró que al término de la administración calderonista se logró examinar a 60 por ciento del personal del organismo. El resto no ha sido calificado debido a la capacidad limitada del centro evaluador, aunque se aseguró que en primer término acudieron a esta supervisión los mandos superiores y medios.

En tanto, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Gustavo Mohar, precisó que entre los despedidos se detectó a agentes con vínculos con organizaciones criminales, tanto locales como de los cárteles más grandes del país, lo mismo del Golfo que Los Zetas.

“La relación de los agentes va desde bandas locales; en el sureste operan (estos grupos) en la ruta del tren, y en algunas ocasiones se tiene evidencia de que hay conexión con Los Zetas”, informó en entrevista.

También hay bajas –dijo– por abuso de autoridad, no haber acreditado la prueba del polígrafo (detector de mentiras) o por enriquecimiento ilícito y/o un registro patrimonial que no corresponde a sus ingresos.

Los despidos resultaron de los propios controles de confianza, pero también de denuncias por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito o conexiones con delincuentes, aunque el subsecretario indicó que los procesos penales por delitos graves, a cargo de la Procuraduría General de la República, son relativamente pocos.

Este jueves se instaló el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Consultivo Ciudadano del INM, ambas instancias derivadas de la ley y del reglamento en la materia.

A esta primera sesión acudió Miguel Ángel Torres, de la coordinación de migrantes del equipo del presidente electo, Enrique Peña Nieto. Esta área está a cargo de Arnulfo Valdivia, quien atendía este ámbito en la administración peñista en el estado de México y ahora es responsable de la transición para la subsecretaría del ramo.

Poiré argumentó que la instalación de un centro de evaluación y control de confianza en el INM es signo de avance y que es necesario que continúen las transformaciones legales y administrativas, así como el proceso de depuración, ante una realidad que incluye la irrupción de la delincuencia organizada como factor amenazante, no sólo por la violencia contra los migrantes, sino porque corrompe y corroe a la propia autoridad en los tres niveles de gobierno. Fue entonces cuando reconoció que algunos elementos se han relacionado con el crimen.

Minutos antes, algunos de los integrantes de este nuevo consejo consultivo lamentaron que, al paso de los años, México no haya podido construir una política que deje de ver a los migrantes como criminales o como una fatalidad.

El sacerdote Pedro Pantoja, en representación de las casas donde se alberga a los indocumentados, pidió que no se incluya a los migrantes en la lista de los delincuentes porque, en principio, sus derechos han si- do pisoteados.

“Tomemos –dijo– esta migración dolorosa, forzada, como un acontecimiento histórico, porque México es también un país de destino, y así lo revelan los nuevos asentamientos humanos en ambas fronteras.

El objetivo es eliminar esta barbarie, esta crueldad social, como la misma criminalización de esta migración, a fin de que no sean incluidos en las listas de delincuentes y tomar en cuenta también la agresión a los defensores de indocumentados, quienes no somos simuladores ni protectores de criminales, expresó .

Rodolfo García Zamora, investigador de la Universidad de Zacatecas, dijo que hoy que este país está siendo aplastado por la violencia, es un reto fundamental que debe ser asumido en el Plan Nacional de Desarrollo, no sólo de los migrantes en tránsito, sino de aquellos a quienes México, con su modelo económico, ha expulsado a Estados Unidos.

Y aprovechando que está aquí Miguel Ángel Torres (del equipo de transición de Enrique Peña Nieto), en el Plan Nacional de Desarrollo debe mostrarse este giro: coherencia en la política migratoria y económica..., señaló.