El actual modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene un perfil punitivo y se arroga el derecho no sólo de emitir una sentencia, sino de supervisar su cumplimiento e incluso proponer modificaciones estructurales en las leyes de varios países, y es ese carácter jerárquico el que está causando roces entre dicho organismo y las naciones que aceptan su contencionalidad.

Así lo afirmó la catedrática Alexandra Huneeus, en el contexto del tercer y último día de actividades del coloquio internacional Las sentencias de la Corte Interamericana y su impacto en la construcción de estados democráticos, realizado ayer en el Instituto Mora.

Aunque saludó la naturaleza innovadora y activista del organismo, con sede en la capital de Costa Rica, la especialista advirtió que con frecuencia éste se pone en el papel de dar órdenes a las cortes de cada país en vez de dialogar con ellas, como hace la Corte Europea de Derechos Humanos, cuyos integrantes buscan trabajar con los representantes de los gobierno bajo un esquema de alianza.

La CIDH no sólo emite sentencias, sino que supervisa su cumplimiento y da órdenes que buscan generar una transformación estructural de las leyes de diversos países, en vez de actuar de forma más cautelosa y formalista. Es un órgano joven y creativo, pero corre el riesgo de perder legitimidad o generar rechazo entre quienes no aceptan su línea punitivista, indicó.

Por todo ello, la profesora de la Universidad de Wisconsin llamó a la CIDH a estar consciente de que sus decisiones judiciales también tienen carácter político, y sugirió que una forma de suavizar los posibles roces con los gobiernos que han manifestado incomodidad con sus fallos –incluido México– es apoyarse más en las cortes locales, con las que debería establecer relaciones de ida y vuelta.

Alan García, coordinador jurídico de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encomió la actuación de la CIDH, cuya labor ha ayudado a abrir espacios democráticos en el continente, pero coincidió en que su línea punitiva puede generar incomodidad entre varios gobiernos, por lo que llamó a hacer una revisión del sistema interamericano de justicia en su conjunto para evitar que más naciones se distancien de él.

Por su parte, Luis Daniel Vázquez, académico e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aseveró que durante años los jueces mexicanos se han acostumbrado a ejercer un alto nivel de poder económico y político, lo cual hace que muchos de ellos sean reacios a considerar a las cortes internacionales un interlocutor que puede señalarles sus posibles errores.