En el sexenio que está por concluir México incumplió con una serie de recomendaciones que planteó en 2006 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que derivaron en el incremento de feminicidios y trata de personas, entre otros aspectos.

El informe 2012 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, expresó su preocupación por el aumento en el número de desapariciones de mujeres, particularmente menores, además del fenómeno de la trata de personas.

Al comité le preocupa que las víctimas de trata de personas sean sometidas no sólo a la explotación sexual y laboral, sino también que se les obligue a servir como contrabandistas y esclavos sexuales, comentó Diego Palacios, representante del Fondo de Población (UNFPA, por sus siglas en inglés).

A su vez, Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres, reveló que sólo en 2010 se registraron 2 mil 335 muertes que serían catalogadas como feminicidios, más de seis asesinadas al día asociadas en muchos casos a violencia sexual y mutilaciones, si bien reconoció el importante avance que ha tenido el país en materia legislativa para prevenir la violencia en contra de dicho sector poblacional, advirtió que es urgente trasladar dichas leyes del papel a los hechos y asegurar recursos económicos suficientes para su implementación.

“Es urgente también eliminar de códigos civiles y penales en algunos estados figuras discriminatorias contra las mujeres como el matrimonio de niñas, el homicidio ‘por razones de honor’, el estupro y el rapto, por citar algunas, figuras que colocan a las legislaciones locales con atrasos inaceptables. Hoy, el acceso a la justicia y terminar con la cultura de la impunidad nos apremia y convoca a la acción urgente”, dijo.

José Peña Palacios, representante de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación, ante los riesgos que enfrenta en el ejercicio de su profesión las periodistas y defensoras de los derechos humanos, y el hecho de que la mayoría de las denuncias por casos de violencia habrían sido perpetrados por agentes del Estado.