Integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en defensa de la legalidad y el denominado Tercer Consejo Universitario (CU) –cuyos integrantes están identificados con la rectora Esther Orozco Orozco– entregaron ayer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sus propuestas de redacción al proyecto de resolución de la crisis de esa casa de estudios en los cuales se observan diferencias y contradicciones.

El Consejo Estudiantil de Lucha (CEL), Consejeros Universitarios en Defensa del Voto y la Legalidad, Foro Académico y Trabajadores en Lucha acusaron a Orozco Orozco y al consejero Carlos Arriaga, a quien cuestionaron por ostentarse de manera ilegal como secretario técnico del tercer CU, de intentar imponer como integrantes del dicho órgano a dos ex candidatos perdedores en el proceso electoral, Jaime Eduardo Rojo Cedillo y Araceli Patricia Mondragón Albarrán, estudiantes de los planteles Del Valle y Centro Histórico, respectivamente, afines a la rectoría.

Ambos alumnos no están incluidos en la propuesta de resolución de la ALDF, debido a que los candidatos que se dicen ganadores en dichas escuelas promovieron amparos contra su imposición que no se han resuelto de manera definitiva.

Según el denominado tercer CU, en el primer caso un juez negó la solicitud de suspensión provisional para que Rojo Cedillo deje de sesionar como consejero, mientras que en el segundo, en el juicio de amparo promovido no se solicitó la cancelación de sus derechos como consejera universitaria.

No incluirlos como integrantes del órgano, señaló mediante un comunicado de prensa el denominado tercer CU, significaría un desacato a resoluciones judiciales, mientras que para los integrantes de la comunidad universitaria crítica a la rectora se pretende entorpecer la solución al conflicto y rechazar, en la práctica, los acuerdos de Casa Lamm y la propuesta de la ALDF.

Pero además, la representación de las autoridades de la UACM pretende quitar de la lista de consejeros presentada por la Asamblea Legislativa las fórmulas de Hernán Correa y a su suplente Raúl Héctor Sallard Tapia, así como a Wilda Celia Western y su suplente Lydia Eliut Martínez Vite, con el argumento de que no cuentan con nombramientos de consejeros universitarios, porque les fueron negados por el Consejo Electoral y el Segundo Consejo Universitario.

Otro punto de desencuentro es lo relativo a una Elección de Mesa Directiva de la sesión, encargada de conducir la sesión de conformación del CU, a lo cual se oponen los identificados con Esther Orozco, al señalar que dicha función recae en la Comisión de Organización del Consejo.

En su propuesta de redacción, el movimiento por la legalidad en la UACM pide que las autoridades universitarias hagan por escrito su compromiso de que no habrá persecución ni criminalización contra los participantes en el cierre de planteles.