on el recuerdo fresco de la fallida aventura empresarial de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Repsol en 2011 –que implicó la adquisición de paquetes accionarios de la compañía española y el alineamiento de la paraestatal con uno de los bandos corporativos que por entonces se disputaban el control de ésta–, la dirigencia de ese consorcio energético trasnacional, encabezado por Antonio Brufau, manifestó en días recientes la voluntad de retomar las relaciones anteriores a dicho episodio con la administración federal entrante.

l 8 y 9 de noviembre pasados se celebró en la ciudad de México la cumbre de presidentes de cortes supremas, constitucionales y regionales, en la que participaron 30 representantes de cortes constitucionales y organismos de justicia. Entre ellos, representantes de España, Francia, Rusia, Sudáfrica, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Portugal, Bélgica, Marruecos, Nicaragua, Andorra, Bulgaria, Argelia, Turquía, Uruguay, Ghana, Indonesia, Jamaica, Perú y México. Así como de las cortes interamericana de derechos humanos, africana de derechos humanos y de los pueblos, europea de los derechos humanos, y de la Corte Internacional de Justicia.

a propuesta de Felipe Calderón de cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos –que consagraron las diversas constituciones del país desde 1824– por el de México ha causado las reacciones previsibles de todo lapsus político: desde lo hilárico hasta lo jocoso o el simple desdén, el juego de la política acepta con ironía las fugas de lo estrambótico. Pero no lo estrambótico en sí. No es que no sea el momento de rebautizarnos. Tan mal nos ha ido en la historia reciente, que al menos del nombre se podría prescindir. Pero en una sociedad enfrascada en las incertidumbres de una sucesión presidencial, una guerra contra el crimen organizado que no se detiene y las sombrías expectativas que le depara el retorno del PRI a Los Pinos, nada parece más irrelevante que la exótica idea de alterar nuestra acta de nacimiento. Cierto, el nombre es en cierta manera destino, pero Acción Nacional nunca quiso aceptar el desafío de cambiar precisamente la historia de ese destino. Un solo guiño –en dos sexenios de un régimen que evadió todas las formas del cambio– para producir una nueva Constitución, por ejemplo, o para impulsar una reforma de Estado o para encontrar alternativas a la organización de los países del continente, habría bastado para desatar efectivamente el debate sobre la refundación nacional. Pero nada de esto sucedió. Es como si se quisiera signalizar toda una historia por la envoltura con la que se ofrece. Sin duda, cabe aceptar que en el caso de las naciones, las signaturas importan. Y mucho. ¿Pues qué representa su nombre sino la coda de su propia identidad?

rnaldo Córdova, el destacado articulista dominical de La Jornada, retoma una añeja polémica sobre si el Distrito Federal debe convertirse en un estado más de la Federación, como hace algún tiempo pretendían panistas y perredistas, o si bien, como lo hemos sostenido algunos, en mi caso con cierta vehemencia, debe conservar su estatus o carácter de capital de la República.