Tepoztlán, Mor., 23 de noviembre. Con el propósito de demostrar la destrucción sistemática que el libre comercio ha realizado en la vida comunitaria y campesina de los pueblos y municipios rurales, principalmente los ubicados en los alrededores de la capital del país, el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, inició hoy la preaudiencia Coalición Campo-Ciudad.

Se recibieron 20 casos de habitantes de pueblos de esta y otras entidades quienes denunciaron que autoridades de los tres niveles de gobierno y empresarios nacionales e internacionales impusieron en sus tierras grandes proyectos energéticos, carreteros, habitacionales, mineros y de desarrollo industrial.

Dijeron que se enfrentan a políticas públicas que facilitan el despojo de las tierras, bosques y aguas en favor de la concentración y privatización de recursos naturales.

La preaudiencia se inició la mañana del viernes en el zócalo del municipio de Tepoztlán y concluirá este sábado. De los 20 problemas planteados a los integrantes del comité dictaminador, al menos 10 corresponden a poblaciones de Morelos, y las restantes del Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Jalisco, Puebla, entre otras entidades.

De los casos de Morelos destacan la imposición de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, proyecto impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo del gobierno del estado.

Los lugareños afectados acusaron que no se respetó a los habitantes de Tepoztlán pese a que la localidad se rige por usos y costumbres; además, sostuvieron, se violaron las leyes agrarias, ya que los terrenos que pretenden ocupar son de uso ejidal y comunal y violan el parque ecológico del Tepozteco.

Reiteraron que la consulta ciudadana que realizaron el pasado 11 de noviembre fue amañada y obedeció a los intereses del gobernador Graco Ramírez, además de que es ilegitima porque sólo obtuvo 2 mil votos en favor de unos 26 mil electores que tiene Tepoztlán.

Los pobladores de Huexca, municipio de Yecapixtla, argumentaron que la construcción de termoeléctricas en su comunidad, con apoyo de la policía federal, viola su derecho a decidir si quieren que a unos metros de sus viviendas operen dos plantas generadoras de electricidad.

Criticaron que además de tomar sus tierras sin permiso, si se concreta el proyecto energético van a acabar con su agua, sus cultivos, su medio ambiente y hasta con su vida, en el caso de que hubiera una explosión.

En entrevista, los organizadores de la preaudiencia Coalición Campo-Ciudad, explicaron que el Tribunal Permanente de los Pueblos, capitulo México, “tiene como finalidad desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para mantener en pie dicha política económica, teniendo como eje central el libre comercio, la guerra sucia, la impunidad y contra los derechos de los pueblos”.