En el Senado continuaron ayer las comparecencias de aspirantes a ocupar el cargo vacante en el Consejo de la Judicatura Federal, 12 de los 35 candidatos propuestos fueron examinados, entre ellos la licenciada Martha María del Carmen Hernández, funcionaria en el gobierno del estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto, a quien el PRI impulsa y ayer fue cuestionada por legisladores del PRD, por su actuación en el polémico caso de la niña Paulette Gebara Farah, fallecida en 2010.

Aunque se desempeñaba en ese momento como subprocuradora de Justicia del estado de México, ayer sostuvo ante senadores que ninguna de las actuaciones en ese expediente sobre la misteriosa muerte de Paullette tuvo responsabilidad.

Insistió en que sólo en esa subprocuraduría y en otras del gobierno peñista donde colaboró se ocupó de asuntos jurídicos, no políticos, por lo que tiene autoridad moral para ser consejera de la Judicatura.

Una notaría

El perredista Manuel Camacho Solís le recordó que luego de la crisis que provocó el caso Paulette, el gobierno de Peña Nieto la mandó a la Secretaría de Gobierno, el área más política y después le otorgó una notaría.

No quiero hacer juicios sobre su persona, pero dada la función y la responsabilidad que tiene este cargo, su trayectoria no es la mejor que se necesita en este momento, le señaló.

La notaria Hernández rechazó que hubiera ocupado cargos políticos en la administración mexiquense de Peña Nieto y optó por resaltar su trayectoria. Fui al estado de México después de haber sido ratificada como magistrada de circuito. Tenía trabajo hasta los 75 años; no estaba buscando empleo, simple y sencillamente sentí la enorme necesidad de servir a mi país.

Durante la elección de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte, el jueves pasado, la senadora del Movimiento Ciudadano Layda Sansores dijo que se habían repartido ambos cargos entre el PRI y el PAN, y el lugar vacante en el Consejo de la Judicatura, ojalá no chamaquearan al PRD.

Ello en relación con las versiones de que se había hecho esa oferta a los perredistas a cambio del voto en favor del candidato de Peña Nieto a la Corte, y que, por tanto, la plaza en el Consejo de la Judicatura recaería en Leticia Bonifaz, actual consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, el trato no se concretó, se regresaron las dos primeras ternas de ministros y fue necesario que enviaran otras dos, de las se eligió un día antes a Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La vacante en el Consejo de la Judicatura es la que deja el priísta Jorge Moreno Collado, cuya gestión concluye el próximo día 30 y la bancada del PRI pretende que el cargo sea para Hernández, ex colaboradora de Enrique Peña Nieto.

En la larga sesión de ayer, en que comparecieron 11 aspirantes, fue también cuestionado por el PRD el magistrado Jorge Mier y de la Barrera, quien aclaró versiones de que el Consejo de la Judicatura lo inhabilitó por un año cuando fungió como secretario ejecutivo de administración de este organismo de la Corte, luego de que en 2009 una empresa lo denunció de haber pedido dinero para liberar los anticipos de un contrato por 49 millones de pesos en equipos de seguridad.

Mier dijo que fue objeto de injusticias y de sanciones totalmente desproporcionadas, que lo obligaron a renunciar incluso a la Oficilía Mayor de la Secretaría del Trabajo, pero al final pudo aclarar todo y ello le permitió estar aquí con la frente en alto.

Los otros comparecientes, entre ellos David Jiménez González, expusieron con toda tranquilidad sus propuestas sobre el funcionamiento y alcances del Consejo de la Judicatura. El lunes comparecerán los 13 restantes aspirantes, entre ellos Jorge Zermeño, panista y ex embajador ante España.