El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) manifestó su preocupación por el alarmante aumento de dicha práctica en México; llamó al presidente electo Enrique Peña Nieto a tomar de inmediato medidas concretas para terminar con ella, así como con las desapariciones forzadas, el arraigo y el fuero militar.

Luego de revisar el nivel de cumplimiento que le han dado las autoridades mexicanas a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, los integrantes del CAT subrayaron en su informe final –disponible en la página www2.ohchr.org/spanish/bodies/cat/– que la impunidad se ha vuelto la norma en el país, al tiempo que las medidas para prevenir, investigar y sancionar la tortura son totalmente ineficaces.

A propósito de los señalamientos de los especialistas de Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI) señaló en un comunicado que el gobierno no puede continuar ignorando que el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y la policía se han vuelto rutinarios.

El presidente Calderón y su gobierno han invertido esfuerzos para ignorar y minimizar esta realidad. Es esencial que el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien asumirá como presidente el 1° de diciembre, se comprometa de forma pública y explícita a cumplir con todas las recomendaciones señaladas por el comité dentro de un periodo definido, indicó AI.

El CAT le otorgó al gobierno de México un periodo de un año para que le dé información sobre el seguimiento que le dará a sus recomendaciones, en particular las que se refieren al fortalecimiento de las salvaguardas legales de los detenidos, las investigaciones prontas y eficaces de cualquier denuncia de tortura y el enjuiciamiento de los responsables.

Asimismo, pidió que las autoridades nacionales le den un seguimiento especial a las medidas para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas.

Por otro lado, el CAT urgió al Estado mexicano a abolir la figura del arraigo y aprobar una ley general contra las desapariciones forzadas.

El comité de Naciones Unidas observó con preocupación que, a pesar de lo recomendado con anterioridad, el Estado elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco. Por ello, reiteró su recomendación de que México elimine dicha herramienta a nivel federal y estatal.

De igual forma, el organismo, que tiene su sede en Ginebra, externó su preocupación por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en entidades como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

En el mismo tenor, el CAT llamó a las autoridades mexicanas a modificar su Código de Justicia Militar –de acuerdo a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificadas este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, para que las violaciones de derechos humanos cometidas por uniformados contra civiles no sean analizadas por jueces castrenses, sino por la justicia ordinaria.