Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evidenciaron ayer las lagunas jurídicas que dejó la reciente modificación constitucional que aprobó las candidaturas ciudadanas, particularmente en lo que respecta al financiamiento de las campañas de los aspirantes que no pertenecen a los partidos políticos.

Al discutir la constitucionalidad de diversos cambios al código electoral de Durango, los ministros coincidieron en que existe una contradicción entre los artículos 35 y 116 de la Carta Magna, ya que el primero reconoce los derechos políticos a los ciudadanos para acceder a cargos de elección popular mediante candidaturas independientes, mientras el Congreso omitió, por alguna razón, reformar el otro artículo, que sigue manteniendo una redacción anterior, la cual deja a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas y el registro.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia planteó que el Congreso debe aprobar una nueva norma sobre el financiamiento a las candidaturas ciudadanas, porque el modelo actual no estipula ninguna aportación al ciudadano y le restringe la posibilidad de obtener recursos.

Al analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por el PRD contra el código electoral de Durango, el ministro Sergio Aguirre Anguiano aseveró que a partir de la reforma constitucional mencionada el hecho es que falta reglamentación en la Constitución. Se metió a cincho este cambio, sin modificar todo el esquema electoral que estaba diseñado exclusivamente para los partidos políticos.

Aguirre Anguiano insistió: Lo que hay es ausencia de reglamentación para detallar la participación de estas candidaturas ciudadanas.

Cuestionó al pleno qué había que hacer ante la falta de reglamentación, y contestó que había que tratar de interpretar la Constitución, conectándola con esta nueva reforma. Sin embargo, subrayó, ¿cómo vamos a sustituir al poder reformador de la Constitución para darle coherencia al sistema?

Aguirre convalidó, como la mayoría de los ministros, excepto Ortiz Mayagoitia, el artículo 35 de la Constitución de Durango, el cual prevé el tope máximo para candidaturas independientes de 10 por ciento de lo que se haya gastado en la elección previa en la campaña de gobernador del estado.

Pero agregó que, en todo caso, los ministros, en este momento, tenemos la necesidad de colmar este estado lagunario más abundante de por qué ese 10 por ciento puede tener racionalidad. Porque si no, estamos encasquillados en un problema serio que no podríamos resolver.

Es decir, ante la duda, la mayoría optó por avalar dicho 10 por ciento, que el candidato debe obtener de su bolsillo o del de sus simpatizantes. Dejó abierta la puerta para revisar la racionalidad del financiamiento de las candidaturas independientes que fije cada entidad.

Ortiz Mayagoitia cuestionó la constitucionalidad del artículo impugnado al señalar que no garantiza equidad en la contienda y genera una situación “de marcada desigualdad que hará que las campañas ciudadanas no puedan tener éxito.

Se me hace un diferencial tremendo que en modo alguno asegura una buena contienda política para el candidato independiente, señaló. Agregó que el tema del dinero no es menor en la liza política. Inclusive, puede llegar a ser fundamental.

La discusión de este asunto continuará hoy.