Madrid, 27 de noviembre. Miles de personas se manifestaron en Madrid para protestar por el plan de privatización de la salud pública impulsado por el gobierno conservador del Partido Popular (PP), que busca la transformación de uno de los pilares del Estado del bienestar español y uno de los servicios médicos de carácter estatal de prestigio en el mundo. Ciudadanos, médicos, cirujanos, enfermeros, personal administrativo y científico culminaron con la masiva movilización dos días de huelga, que ha sido respaldada por 80 por ciento de los trabajadores del sistema sanitario público de Madrid.

Lo niegan, pero las evidencias están ahí. Los gobiernos del PP, –tanto el central, presidido por Mariano Rajoy, como el autonómico– de Madrid, de Ignacio González, adoptan medidas para la desarticulación del sistema público de salud, considerado hasta ahora uno de los más eficientes, vanguardistas y operativos del mundo. Pero desde la llegada al poder de Mariano Rajoy, hace un año y con mayoría absoluta, a los recortes de los trabajadores y del sistema se han sumado las restricciones legales para rechazar la atención médica a ciudadanos extranjeros sin sus papeles en regla y para desarrollar un modelo de repago de los medicamentos.

Bajo el lema La sanidad no se vende, se defiende, miles de profesionales de la salud mantienen una histórica movilización denominada la la revolución de las batas blancas o el tsunami blanco. Y se le ha llamado así porque la movilización ha crecido mucho en las últimas semanas, tras calar el mensaje de auxilio lanzado por todos los colegios de médicos y enfermeros de España, así como por la publicación de los planes de privatización que pretende llevar a cabo el gobierno madrileño, a través de un documento titulado plan de sostenibilidad del sistema sanitario.

El plan del PP busca la externalización de seis hospitales públicos y 10 por ciento de los centros de sanidad de la región. Por eso los profesionales sanitarios advirtieron que los planes de privatización ya aprobados y los futuros añaden más vulnerabilidad a las personas más vulnerables y ponen en riesgo la calidad y la eficiencia de la atención sanitaria. Y advierten que la Constitución española reconoce el derecho a la salud.

Para defender un sistema envidiado en otros países, que cuenta entre otras cosas con el mejor sistema de transplantes del mundo, decidieron hacer huelga y salir a las calles.

Pero desde el gobierno, lejos de escuchar el clamor de los profesionales insistieron en que seguirán adelante con su plan y tildaron la huelga de injustificada. Más aún, desde el ministerio de Sanidad se ordenó retirar en los hospitales públicos cualquier pancarta o mensaje alusivo a las protestas de los profesionales públicos.

En el caso de la localidad madrileña de Robledo de Chavela la situación fue aún más grave, ya que su alcalde, Mario de la Fuente, del PP, llegó al hospital público con dos policías y con dos guardias civiles para retirar las pancartas.